En marzo, el Comité de Ministros debe tomar una decisión sobre las miles de reclamaciones que, en mayo de 2011, la ciudadanía y la propia empresa hicieron a la aprobación del proyecto Hidroaysén. Inicialmente la instancia debía pronunciarse en noviembre de 2012, pero la reunión se aplazó para este año.

Con el nuevo plazo cada vez más cerca, Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, recordó las palabras de la máxima intendenta Pilar Cuevas, quien en agosto de 2011 declaró no estar dispuesta a “que se mueva ni una coma de la resolución de calificación ambiental y de las exigencias que se le pusieron al proyecto”.

Entre ellas está talar los bosques antes de una eventual inundación para evitar su descomposición bajo el agua, agregar superficie el Parque Nacional Laguna de San Rafael y asumir la compensación económica del turismo si éste se ve afectado por las represas, entre otras exigencias.

La empresa reclamó que las medidas fueran rebajadas, incluso por la exigencia de reducir un 50 por ciento las cuentas de electricidad en la región, lo que Hidroaysén utilizó como publicidad. Esto, pese a que la rebaja depende del propio Ejecutivo, el Congreso Nacional y la empresa local, Edelaysen.

La situación es compleja y fue justamente ese el argumento del Comité de Ministros para haber pedido prórroga, una situación que podría repetirse y que inquieta a los ambientalistas.

Peter Hartmann consideró que esto es “una irregularidad institucional” y agregó que “es bastante extraña la ley, no pone plazo, lo más ‘simpático’ es que le pone plazo a los servicios revisores y a la comisión ambiental regional, de 120 y 180 días respectivamente, lo cual para un proyecto que englobaba a 14 proyectos en uno era muy poco. Por eso también se pasan muchas cosas por alto. Y 60 días de participación ciudadana también es escuálido, pero los ministros no tienen plazo”.

Cabe recordar que, al recibir más de mil reclamaciones de la sociedad civil, la ministra de Medio Ambiente y presidenta del comité, María Ignacia Benítez, informó que el proceso puede extenderse bastante y que la instancia “no necesariamente tiene que resolver en una reunión”.

Según afirmó Hartmann, en mayo se van a cumplir tres años desde ese día e incluso la empresa ha reclamado ante tanta demora. Esto, cuando la decisión es evidentemente política, según sostuvo, por lo que el comité estaría esperando “el momento adecuado” para evitar una situación como la de mayo de 2011, fecha en que la población se movilizó con fuerza contra la iniciativa.

Con esto coincidió el coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, Juan Pablo Orrego, quien criticó la falta de información y participación del proceso: “El comité es totalmente opaco en relación a la ciudadanía. Evidentemente es un comité político, no cabe la menor duda. No es un comité que dirima en forma técnica, de hecho hay muchas pruebas para apoyar eso, como lo que sucedió con la termoeléctrica Punta Alcalde, que el comité autorizó por secretaría, yendo en contra de los análisis técnicos de las autoridades regionales”, dijo.

El ambientalista recordó también que el Comité de Ministros primero autorizó la asistencia de la ciudadanía a través de las audiencias públicas y luego revocó su decisión, dejando el proceso en un total oscurantismo.

Por todas estas razones, los opositores al proyecto no tienen confianza en las decisiones que pueda tomar el organismo y continúan sus estrategias por la vía legal, sin descartar que este 2013 vuelvan a surgir las movilizaciones ciudadanas contra la construcción de represas en la Patagonia Chilena.