El secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas, Patricio Rodrigo, sostuvo que el Gobierno ha postergado la decisión del Comité de Ministros sobre Hidroaysén porque no quiere pagar el costo político que significaría aprobar el proyecto energético.

En entrevista con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, el dirigente recordó que el proyecto fue aprobado en forma “ilegal” por las autoridades ambientales de la región de Aysén y que ahora la instancia ministerial debe resolver miles de reclamaciones presentadas por la misma empresa, grupos opositores y distintos sectores ciudadanos.

En ese sentido, Patricio Rodrigo dijo que el Ejecutivo quiere evitar la autorización de la iniciativa, porque podría generar nuevamente manifestaciones sociales como las ocurridas en 2011. “El Gobierno cambió de estrategia, sabe que aprobar este proyecto en el Comité de Ministros significa un costo político inmenso y no quiere pagarlo. La misma empresa ha salido en los medios presionando por qué no se toma esta decisión, porque quieren tener certeza jurídica de que el proyecto puede funcionar, pero el Gobierno no quiere pagar el costo político”.

“Hábilmente, el ministro (Pablo) Longueira ha tomado cartas en el asunto y ha sincerado en el Parlamento que el costo político tiene que ser compartido entre el Gobierno y la oposición, es decir, el duopolio”, agregó.

Patricio Rodrigo recalcó que Hidroaysén no tiene asegurados los derechos de agua que pretende utilizar y que está sujeto, además, a la aprobación del proyecto de ley de carretera eléctrica que se encuentra en el Parlamento. Esto, según dijo, luego que el Gobierno y la compañía se dieran cuenta que era inviable establecer la línea de transmisión que llevaría la energía desde el sur hacia el Sistema Interconectado Central.

Por eso, dijo el representante de Patagonia sin Represas, es “inconducente” que el Comité de Ministros autorice un proyecto que requiere la aprobación de la carretera eléctrica para ser implementado.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno ha cedido a la presión de las compañías eléctricas para acelerar la tramitación parlamentaria de la carretera eléctrica, pasando sobre convenios internacionales y otros sectores, como la agricultura y el turismo. “Han presionado brutalmente y el Gobierno ha cedido. En el fondo, el ministro Longueira está siendo un operador, un lobbysta de las grandes corporaciones para este proyecto, porque plantea una carretera eléctrica -que llaman pública- que lo único que define es una franja fiscal que el Gobierno expropia”, dijo.

Según el ambientalista, la carretera eléctrica pasaría “por sobre miles de propietarios privados, sobre el Convenio 169, que protege los derechos indígenas; sobre la Convención de Washington, que protege los parques nacionales; y sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se declara de interés nacional y no se somete al sistema. Como se declara de interés nacional, pasamos por encima de todo”.

Finalmente, Patricio Rodrigo acusó la existencia de una “bancada Endesa” en el Parlamento, integrada por legisladores que reciben financiamiento de la empresa para sus campañas y colaboran para la confección de leyes que “son un traje a la medida para sus propios intereses y no para el interés nacional”.