No se conocen los plazos ni los mecanismos. Lo único que el Ministerio de Energía adelantó es que “estudiará los caminos que permitan viabilizar, a la brevedad, el proyecto de interconexión de los sistemas Central y del Norte Grande”.
La cartera informó la decisión luego que el Panel de Expertos de la Ley General de Servicio Eléctricos rechazara uno de los puntos incluidos en el Plan de Obras de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal.
Este documento consignaba que la interconexión propuesta permitía abaratar costos y dar mayor seguridad a la red de suministro eléctrico.
Roberto Román, académico del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, señaló que la decisión del panel se apega a la norma, pero va en la dirección incorrecta.
“En la parte norte de nuestro Sistema Interconectado Central existe ya un déficit de abastecimiento eléctrico que se agudizará en los próximos años. Necesitamos buscar una solución porque de otra forma la respuesta de las empresas va a ser poner centrales como Punta Alcalde, en circunstancias que está sobrando la capacidad de generación eléctrica en el SIC”, aseguró el experto.
Román agregó que desde el sector privado “se oponen porque si se hace la interconexión el efecto neto será que el precio de la energía eléctrica en el SIC va a tender a bajar y eso no les gusta”.
Los argumentos del comité asesor fueron que la interconexión se concibe como iniciativa de una o varias empresas para emprender un negocio especial en el sector eléctrico, “al que no le son aplicables las normas que regulan el Estudio de Transmisión Troncal”.
En otras palabras, el Estado no puede inmiscuirse en un mercado que le pertenece al sector privado, según consigna la Ley General de Servicio Eléctricos.
Tesis defendida, entre otros, por AES Gener, Guacolda y Colbún S.A. Esta última argumentó que “una obra de esta envergadura debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente, a saber, con un promotor privado y no por iniciativa de la Comisión Nacional de Energía”.
Roberto Román, sostuvo que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica no puede quedar al arbitrio de los privados: “Su interés va a ser simplemente maximizar utilidades y no van a tener para nada en el radar el minimizar emisiones o tener un reducido impacto ambiental. Aquí en Chile no sólo las personas sino que también las empresas tienen súper claro que tenemos que tener un desarrollo de energía limpio y están dispuestos a avanzar en ese sentido. El gran obstáculo lo constituyen los grandes intereses asociados a la generación eléctrica porque se gana muchísimo dinero, de una manera asegurada y fácil”, dijo el profesor de la Universidad de Chile.
Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, compartió el diagnóstico, asegurando que el rechazo del proyecto se apega a la norma.
Además, manifestó que si el Gobierno pretende, realmente, avanzar hacia la interconexión de los sistemas Central y del Norte Grande, debe dar curso a modificaciones estructurales.
“El Gobierno tiene que implementar una reforma a la ley corta 1 y, por lo tanto, incluir dentro de la planificación de los sistemas troncales la posibilidad de decidir sobre las interconexiones. La verdad es que cuando se estableció la Ley Corta 1 hubo un tremendo lobby del monopolio energético para pedir que dentro de la planificación de los sistemas de transmisión se incluyera la interconexión. Si el Gobierno tiene una verdadera voluntad va a hacer una reforma de ese tipo”, indicó la ambientalista.
Junto con estas modificaciones, Sara Larraín planteó desarrollar las Energías Renovables No Convencionales, reestructurar el sistema de concesiones e incluir a los consumidores y el Estado en los centros económicos de despacho de carga.
Políticas públicas que, según subrayó, se deben adoptar sobre la base del interés colectivo y no del sector privado.
