Esta mañana, la justicia española decretó el embargo de bienes al Estado chileno por no acatar el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), emitido en 2008, que señaló que Chile debía compensar a Víctor Pey, dueño del periódico Clarín, por los daños y prejuicios que le provocó la expropiación del medio ocurrida en 1973.

Según la sentencia dictada por el juez de primera instancia 1 de Madrid, el valor de la ejecución es por 4.975.630 dólares, equivalentes a 2.350 millones de pesos chilenos, más  intereses vencidos y los que puedan devengarse.

“Simplemente creo que se ha hecho justicia en un largo proceso que ha durado más de 15 años”, expresó Pey, quien agregó que “en vista que el Gobierno chileno se resistió a cancelar lo que un tribunal internacional le indicaba, ha tenido que acudirse a la justicia española con el objeto de producir un embargo para poder tratar de cobrar lo que el CIADI determinó”.

En tanto, desde el Gobierno manifestaron su sorpresa con la determinación, aunque manifestaron estar tranquilos. Así lo señaló el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras del Gobierno, Matías Mori, en entrevista con Emol. “Para nosotros esto fue una sorpresa atendiendo que no fuimos notificados. La embajada en España no ha sido notificada de ninguna acción en contra del Estado de Chile, por lo tanto estamos absolutamente tranquilos de que esto no es más que un trascendido, porque no ha sido notificada ninguna acción legalmente, entonces no tenemos conocimiento”.

Cabe recordar que Víctor Pey mantiene un litigio con el Estado chileno para que le sea restituida la propiedad del medio de comunicación, cuyos bienes fueron confiscados por la dictadura militar en 1973. Pey adquiró el diario Clarín en 1972 y sus bienes le fueron retenidos al año siguiente, con el inicio de la dictadura.

El propietario de Clarín abandonó el país y retornó en 1995. A dos años de su regreso, presentó la solicitud de arbitraje internacional, después de que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se negara a restituirle los bienes. La postura del Estado chileno no varió tampoco en las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Es por esto que el caso fue llevado al CIADI por Pey y la Fundación Española Presidente Allende (FPA), propietarios del diario .

En 2008 el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, determinó que Chile violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y que debía compensar al dueño del Clarín los daños y perjuicios que le provocó la expropiación del medio. El laudo del CIADI determinó además una indemnización  de diez millones de dólares a los dueños del medio y  obligó a Chile a pagar las costas.

Los abogados que representan a los demandantes, señalaron que esta es la primera vez que un tribunal decreta embargo judicial de bienes de Chile por incumplir tratados internacionales multilaterales y bilaterales y no ejecutar la sentencia firme de un tribunal internacional.

Ante este fallo la  embajada de Chile en España declinó hacer declaraciones.

Interpretaciones opuestas al fallo de 2008

Respecto del laudo del CIADI que determinó que Chile debía compensar al dueño del Clarín, la Fundación Fundación Española Presidente Allende (FPA) señaló en ese entonces que “la decisión del Comité ad-hoc de 18 de diciembre de 2012 ha confirmado el Laudo arbitral de 8 de mayo de 2008 en cuanto a que Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA) son los propietarios del patrimonio de la empresa editora del diario Clarín, que está bajo ocupación militar ininterrumpida desde el 11 de septiembre de 1973”.

En la misma línea, la fundación agregó que “la decisión confirma, asimismo, la condena que el Laudo impuso a la República de Chile de indemnizarles por denegación de justicia y discriminación, y la condena en costas. Estas resoluciones son definitivas y  tienen efecto de cosa juzgada”.

La respuesta del Gobierno, realizada por el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori,  sostuvo que “el tribunal acogió la solicitud de nulidad presentada por nosotros en 2010 por un fallo de 2008, lo que se traduce en un gran triunfo para el país y gran logro del Gobierno. Esta sentencia anuló la parte de los daños que condenaba a Chile”.

Ante esto, Víctor Pey respondió a su vez que  “la decisión que ha tomado el tribunal ad hoc es ampliamente favorable a la posición nuestra. Ha denegado al Gobierno de Chile la petición de nulidad y estableció que el Estado de Chile denegó justicia a Clarín y estableció que el monto a pagar es exiguo y debe ser reconsiderado”.