La Machi Millaray Huichalaf no está en huelga de hambre, pero ha perdido más de ocho kilos desde el 30 de enero. Ese día fue detenida por la ERTA – sección de la Policía de Investigaciones (PDI) dedicada a combatir el crimen organizado –  y encarcelada en un centro de detención de Alta Seguridad en Valdivia.

Su estado de debilidad preocupa a los comuneros y organizaciones y, de hecho, gatilló un viaje del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico este fin de semana.

Sobre esto, el encargado del departamento e integrante de la Comisión Ética contra la Tortura, José Venturelli, indicó que “en este encarcelamiento la Machi ha tenido un trato muy duro, la mantienen en castigos permanentes en que ni siquiera le permiten entrar las cosas esenciales para sus ceremoniales, ha estado profundamente afectada, ella tiene una hija de tres años, y la niña la visita y son situaciones de alta carga emocional. No hay razón para los castigos que se le están haciendo. Yo he recibido llamadas desesperadas de parte de la familia y también llamados muy angustiados desde Europa”.

Vale señalar que la machi y otros cuatro dirigentes indígenas están detenidos por el atentado al fundo Pisú Pisué y se encuentran en prisión preventiva porque el proceso continúa el desarrollo.

Sin embargo, algunos de los acusados también han llevado adelante una fuerte lucha contra una la empresa Osorno S.A, la que pretende instalar central Hidroeléctrica en Pilmaquiquén, que inundaría parte de un importante centro ceremonial.

Tal es su preocupación por el sitio sagrado y por la salud de quien constituye una autoridad tradicional, que los comuneros llegaron a la capital y se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes visitaron a los detenidos y, después de estudiar el caso, concluyeron que aquí se trata de una “verdadera persecución política”.

“Por todo lo dicho, esto más que un juicio penal es un juicio político, ellos estiman que se ha criminalizado sus demandas, que pertenecen a un movimiento social de carácter reivindicativo de sus tierras, en defensa de sus valores espirituales, de sus tradiciones y de su historia. Ellos se sienten despojados de sus tierras y de sus territorios sagrados”, afirmó el diputado DC integrante de la comisión, Sergio Ojeda.

Los comuneros están pidiendo que, de forma inmediata, los detenidos sean trasladados a Río Bueno, para estar más cerca de sus familias, y que se les relocalice en celdas especiales, donde puedan realizar sus ritos como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de que se les someta a un juicio justo.

Juana Kuante, la lonko del territorio, estuvo hace unos días de gira en Santiago exponiendo la situación que están viviendo, ya que tampoco se respetó la obligación de consultar a los pueblos que dicta el mismo tratado internacional y que, afirma, se les está discriminando al no cumplir con lo que Chile promete hacia el extranjero.

En este sentido la lonko mapuche explicó que “es terrible porque invaden el territorio, hacer eso indica que no respetan ningún tipo de leyes que el Estado ha firmado y que no respetan a las comunidades indígenas. Todo su discurso sobre respeto a los pueblos originarios en su totalidad y que no hacen discriminación, nosotros consideramos que hay una discriminación clara y con una intención detrás que no es buena”.

Frente a este problema, la Comisión Derechos Humanos ofició a Ministerio de Bienes Nacionales, por lo que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y a la cartera de Medioambiente, para ver si se cumplieron todas las etapas y las exigencias que se requieren para la construcción de la central hidroeléctrica y solicitar que se inicie un proceso de devolución de tierras a esta comunidad.