En doble jornada los 38 senadores comenzarán este martes a analizar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer.

Primero escucharán a los diputados de oposición Fuad Chahín (DC), Manuel Monsalve (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD), quienes defenderán el libelo acusatorio, para luego atender los argumentos del abogado defensor de Beyer, Enrique Barros.

En conocimiento de ambas posturas, la Sala votará, este miércoles, el escrito sancionatorio.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, al término del comité político de la Alianza, confirmó que el suspendido ministro de Educación se mantendrá en su cargo, pese al desfavorable escenario que se presenta en la Cámara Alta.

“Tengo todavía confianza de que, pese a que hay una decisión tomada en bloque, haya senadores y senadoras que fallen en consciencia como dice la ley. Que no se hagan cargo de acuerdos cupulares y politiquería pequeña, mezquina, para luego congraciarse con ciertos movimientos a los cuales ellos mismos les dieron la espalda”, afirmó la portavoz de La Moneda.

El secretario de Estado también recibió el repaldo de ocho Premios Nacionales (Jorge Edwards , Ricardo Uauy, Pablo Valenzuela , José Miguel Aguilera, Carla Cordua, Roberto Torrettim,  Agustín Squella  y Enrique Tirapegui), quienes afirmaron en una carta que “no obstante las diferencias que puedan separarnos en lo que a posiciones políticas se refiere, no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a esta acusación”. Los académicos indicaron que los diputados han “abusado” de sus facultades para perjudicar a alguien que, según ellos, “ha mostrado a lo largo de su trayectoria un serio compromiso con la educación”.

Sin poder referirse al libelo de manera directa, varios senadores del bloque opositor han confirmado que el tercer capítulo de la acusación, relativo a la inacción del ministro para fiscalizar el lucro, es el que tiene más garantías de ser aprobado. Según plantea la ley, sólo basta con la ratificación de un apartado para que se dé curso a la destitución.

Degradación a la que se suma la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años. Una sanción desproporcionada, según han manifestado los mismos legisladores de oposición, y que, en palabras del presidente del Senado, Jorge Pizarro, debe ser materia de análisis.

“Con el senador Ricardo Núñez presentamos una reforma constitucional hace cuatro años  para terminar con la inhabilidad. Ese proyecto está en la comisión de Constitución del Senado, pero lamentablemente este gobierno no accedió nunca a colocarle la urgencia que se requería ni menos a respaldarlo. Entonces, tal vez es el momento en que debemos retomarlo y voy a invitar a los senadores de la Alianza a conversar sobre ello”, comentó Pizarro.

Sin embargo, Patricio Melero, presidente de la UDI, indicó que postular la conformidad con la destitución, pero no con la inhabilidad, demuestra la poca seriedad que, a su juicio, caracteriza esta acusación.

Por ello, los cuestionamientos del parlamentario apuntaron no a las consecuencias de esta herramienta legislativa, sino a la pertinencia con la que se utiliza.

“Frente a una acusación de esta naturaleza es una pena desproporcionada. Pero más allá de modificar la Constitución hay que llevar adelante acusaciones en casos gravísimos. Por eso, el legislador ha establecido varias otras acciones intermedias como la  comisión investigadora. Pero utilizar recursos extremos para lograr cambios de ministros gracias a mayorías circunstanciales, parece inadecuado”

Sobre este punto, el diputado socialista Manuel Monsalve, enfatizó en que la presentación del libelo “fue la última medida a la que pudo recurrir la Cámara de Diputados”.

“En enero de 2012 la Policía de Investigaciones concurrió a la Comisión Nacional de Acreditación a incautar los computadores. Hay abiertas carpetas investigativas en el Poder Judicial por los delitos de cohecho, fraude tributario, lavado de dinero. También hay un ex presidente de la CNA que está detenido y procesado. Hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que el ministro ninguneó y que cuyas conclusiones finalmente fueron entregadas  a la justicia. El gobierno y el ministro no dejaron más opción a la Cámara que utilizar sus facultades constitucionales”, sentenció el parlamentario.

Este martes, concluye la sanción que, durante cinco años, impidió a Yasna Provoste participar en la administración pública. Uno de sus abogados, Roberto Garretón, sostuvo que la inhabilidad es una sanción penal y, por ende, debe ser dictaminada por los Tribunales de Justicia y no por el Congreso.

Desde el movimiento estudiantil, el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, fue enfático en afirmar que Beyer, a diferencia de Joaquín Lavín o Felipe Bulnes, fue quien más desoyó las denuncias de lucro en la educación, razón por la cual debe asumir las consecuencias políticas pertinentes.