Ya en la etapa final del proceso contra Celco por el desastre en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces de Valdivia, que significó la matanza masiva de cisnes el año 2004, la titular del primer Juzgado Civil de Valdivia, Gloria Hidalgo, citó a los abogados de la empresa y de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado.

El acta del encuentro establece que el tribunal “plantea a las partes la posibilidad de una conciliación, en virtud de estimar que han existido algunos cambios en relación al inicio de la causa, sin que ello implique una opinión sobre el fondo de lo debatido”.

En el exterior de esta audiencia de corte reservado estuvieron presentes diversas organizaciones ciudadanas. Acción por los Cisnes fue una de ellas. Su vocero, José Araya afirmó que, pese a lo que les transmitió en una cita anterior la misma magistrada, no se cumplieron las expectativas que los afectados tenían de este encuentro.

En este sentido, el dirigente de la organización ciudadana señaló que “se supone que era para entregar una propuesta de conciliación, pero al final se entregaron algunos lineamientos e instó a las partes a seguir las conversaciones que venían desarrollando los meses anteriores, pero ahora formalmente dentro del expediente judicial, porque Arauco y el Concejo ya se habían reunido dos veces en Santiago y de hecho Arauco había presentado una propuesta de conciliación que al parecer no fue aceptada por el Consejo de Defensa del Estado”.

Recordemos que el 2005 se presentó una demanda frente al daño ambiental producido por el vertido de residuos tóxicos desde una de las plantas de Celco, ligada al grupo Angelini. La investigación de esa causa finalizó el año pasado y hoy estamos en plena etapa de fallo, sin embargo, esta conciliación podría evitarlo.

En ese sentido, las organizaciones afirmaron que se requiere un fallo judicial en primera instancia, para que queden claramente establecidas las responsabilidades de la empresa, la que no sólo dañó el santuario, sino que perjudicó también a las comunidades y trabajadores, dijeron.

En esa línea, Pedro Guerra Huechante, presidente de la comunidad indígena del sector y agricultor explicó que “hace ocho años que estamos en la causa contra la empresa Celco y donde nuestra comunidad ha sido bien perjudicada. Está al lado del río Pichui y hemos tenido que enfrentar la muerte de los Cisnes, con la producción y la contaminación de las aguas del tema de Tralcao. Somos alrededor de 160 viviendas, de 400 a 500 familias que vivimos ahí y todas de características mapuches, y después de tantos años todavía dilatan la situación”.

Los ciudadanos manifestaron su desconfianza frente al procedimiento. Yovana Seguell, microempresaria del sector lo calificó de “engorroso y poco transparente”, ya que, con la audiencia del lunes, todo queda en manos de las partes y no existe ningún material por escrito.

También expresaron su inquietud sobre cómo se desarrollará el proceso de compensaciones y reparación ambiental en un sector que ya ha sido fuertemente dañado. En ese sentido, desde la defensa del Consejo han señalado que esperan una propuesta por parte de Celco.

La próxima audiencia quedó fijada para el próximo 17 de mayo. En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado al CDE, a no ceder a la presión de las grandes empresas y cumplir con el mandato de proteger los intereses de las comunidades.