En el ojo del huracán está Carolina Schmidt luego de su llegada al controvertido Ministerio de Educación. Si bien, el Presidente Sebastián Piñera advirtió que su principal desafío será sacar adelante los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, tanto rectores como estudiantes insisten en un pronunciamiento claro para enfrentar las demandas del sector, como el fin el lucro.

Desde la Confech incluso solicitaron como una acto de “buena fe” que se retiraran los textos legales que, según ellos, van en la dirección contraria a las exigencias del movimiento. Una petición que fue inmediatamente descartada por la secretaria de Estado, quien aseguró que el debate debe estar “en el Parlamento”.

En entrevista con Felipe Pozo en la tercera edición de Radioanálisis, el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Cristián Bellei, afirmó que mientras no se defina una posición en torno al fortalecimiento de la enseñanza pública y no se repare la pérdida de confianza en las instituciones, el debate seguirá estancado y no habrá proyecto de ley que logre avanzar en los cambios que el modelo necesita.

Cuando el Presidente Piñera nombró a la nueva ministra de Educación subrayó que las reformas tienen su base en la libertad de enseñanza ¿Por qué se insiste en esa posición?

El Gobierno pareciera creer que lo que está en peligro o lo que se está debilitando es la educación privada y lo que ocurre en Chile es totalmente lo contrario: se está aminorando – y va en vías a desaparecer si es que no se hace algo –  la educación pública.  Que Chile tenga educación privada no está discusión. El debate está enfocado a si debe haber o no educación pública y si es que el país le va a dar una prioridad, otorgándole los recursos y preferencias que tiene en todo el mundo. El Ejecutivo ha fallado en ponerse del lado de la inmensa mayoría, no sólo de los estudiantes y de la sociedad chilena, sino que de los países más avanzados en el mundo que tienen educación pública prioritaria y que es la columna vertebral del sistema educacional. Mientras Chile no tenga eso, creo que los problemas van a continuar.

Tanto rectores como estudiantes emplazaron a la ministra a definir una posición respecto del lucro ¿Hacia dónde va esa discusión?

Nadie pone en duda el hecho de que el país tiene que seguir trabajando por una enseñanza de calidad y más equitativa, la pregunta es cómo hacerlo. Lo que estableció la legislación nacional es que en el caso de la educación superior las instituciones tenían que ser sin fines de lucro. No entiendo los argumentos que tratan de redefinir este concepto cuando es bastante claro. Las universidades tienen que ser corporaciones sin fines de lucro, es decir, todos sus excedentes deben ser reinvertidos en educación. En el ámbito escolar, por otra parte, nuestras leyes sí permiten el lucro y lo que ha estado en discusión en el Parlamento hace algunos años, a partir del movimiento estudiantil, es si convendría que al menos con recursos públicos no hubiera lucro en educación escolar.  Por eso, mientras esté en entredicho la fe pública sobre las instituciones privadas que trabajan en educación y el compromiso básico con la educación pública, todos los demás temas van a seguir trabados.

¿Cómo se podría avanzar, entonces?

En la última década lo que hubo en el país fue un rompimiento de los consensos básicos en educación. De manera que la ministra recién designada tiene el desafío de volver a sentar los concesos y confianzas básicas  en el sistema educacional. El país desconfía de las instituciones que trabajan en esta materia y de los fines que buscan y si es que van a privilegiar el interés de los niños y el derecho a la calidad por sobre sus intereses. De otra forma, esta discusión va a continuar entrampada en un par de consignas ideológicas que son resistidas por las personas de pensamiento más liberal que defienden este sistema que tiene entrabada la política educacional.

¿A qué se refiere el Gobierno cuando habla de sociedad docente?

En el caso de este Gobierno es una nueva forma de llamar a lo que se ha denominado como libertad de enseñanza. Lo que ellos quieren es enfatizar la noción de que las escuelas privadas tienen derecho no sólo a existir sino que a recibir recursos públicos por parte del Estado para funcionar. En Chile nadie discute la legitimidad de que existan escuelas, liceos y universidades privadas. En el Ejecutivo creen que los que defienden la educación pública tienen un interés de que sólo exista eso, pero es una caricatura del argumento. En todos los países hay un porcentaje de educación privada, pero la pública alcanza a cerca del 80 y 90 por ciento. Esta reafirmación de la sociedad docente es una defensa de principios tradicionales de libertad de enseñanza y emprendimiento en educación.

El traspaso de recursos del Estado a las instituciones subvencionadas ¿tiene algún sentido en un modelo educacional razonablemente armado?

La figura de que el Estado entrega recursos públicos a establecimientos privados existe en nuestro país desde antes de los ´80 y también en otros países del mundo que tienen educación pública y que reconocen el valor de que haya educación privada. Lo que ocurre en esos países, así como en Chile antes de la reforma de la dictadura, es que se da prioridad a la educación pública, es decir, no está arrojada a las mismas condiciones que la privada. Por otra parte, no se piensa que las escuelas tienen que competir entre sí. Estos dos ámbitos constituyen las anomalías de nuestro sistema, no el apoyo parcial y condicionado al sector privado. La asignación de recursos tiene que estar subordinada a un sistema de educación pública que es la prioridad y en una modalidad de financiamiento donde el sistema no opera como un mercado, sino que como un servicio público para garantizar el derecho de los niños y niñas a educarse.

Las leyes que están ahora en el Congreso como, por ejemplo, la que crea la  Superintendencia  ¿Podrían abrir una ventana para destrabar los conflictos?

En la ley de Superintendencia de Educación Superior, aún personas más ligadas al gobierno, como el director del Centro de Estudios Públicos ha manifestado que es insuficiente para controlar el lucro encubierto que hoy existe en la educación superior. Eso no es lo único que la Superintendencia tiene que resolver, pero si es uno de los objetivos al parecer la institucionalidad no da abasto. En términos generales, lo que está en juego es el arreglo del modelo de educación superior como un todo, más allá de la Superintendencia. Pero mientras no tengamos una sociedad que confíe en las instituciones a las que tiene que apoyar, monitorear y supervisar no va a haber ley que logre controlar el lucro. Un sistema basado en la desconfianza y en instituciones que sólo quieren buscar subterfugios, no tiene opción de tener éxito. Más allá de la discusión técnica del detalle de las leyes, lo importante es cómo reestablecer las confianzas en nuestro sistema educacional.