De forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó que la comisión de Economía se constituya en investigadora de los procedimientos y decisiones que abrieron la puerta a Banco Estado para elevar, de manera unilateral, las comisiones de las cuentas de ahorro vista.
En un plazo de 90 días, el comité parlamentario deberá, además, establecer las responsabilidades políticas de cada una de las autoridades que intervino en esta práctica abusiva.
Según comentó el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, el foco estará puesto en comportamiento de los distintos directorios de Banco Estado, la inacción del Servicio Nacional del Consumidor de la época y el rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien emitió la circular que legitimó el aumento.
“El Banco Estado fue la primera institución, privada o pública, que aumenta cobros unilateralmente a ahorrantes chilenos. Pero además, el año 2006 se emite la circular 17 que es la que legaliza el alza unilateral de los cobros y, por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande de parte de la Superintendencia de haber legalizado los cobros unilaterales pero es más grave aún que no se haya hecho nada por parte del Gobierno”, explicó Edwards.
Los primeros en ser citados, según adelantó el legislador, serán Jaime Estévez, ex presidente de Banco Estado; Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de la época y José Roa, ex director del Sernac.
Menos transversal fue la decisión de constituir una comisión investigadora del comportamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y la posible manipulación de cifras del Censo 2012.
Por 49 votos a favor y 36 en contra la Cámara aprobó esta instancia, que dispondrá de 120 días para indagar los cambios en los equipos técnicos, los presupuestos comprometidos, los responsables de las encuestas en cada una de sus etapas y las eventuales irregularidades.
El diputado UDI Felipe Ward criticó esta decisión ya que, a su juicio, se prestará para un aprovechamiento político del tema.
“Lamentablemente en muchas ocasiones las comisiones especiales investigadoras son utilizadas políticamente como forma de atacar o intentar atacar a una persona que está en un cargo de Gobierno y en este caso no es la excepción. Hay intereses creados, en un momento incluso se estudió la posibilidad de levantar una acusación constitucional contra quien hoy día es candidato presidencial de la UDI”, expresó.
Desde la oposición, el diputado DC Fuad Chahín indicó que es necesario establecer las responsabilidades políticas del ex director Francisco Labbé y del ex ministro de Economía y actual candidato presidencial Pablo Longueira.
“El Gobierno por esta necesidad de demostrar logros donde no los hay lo que hace es que manipula las cifras: lo hizo en el Censo, lo hizo en la Casen. Lo que trata de hacer es mostrarse como un Gobierno que hace cambios históricos, el propio director del INE dice que lo que quería mostrar era un Censo como nunca antes se había hecho en la historia y para ello no trepidó en manipular las cifras y eso nos parece que es parte de la ansiedad que ha caracterizado a este Gobierno”, manifestó.
Por su parte, Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), aseguró que es necesario “que se haga una investigación para determinar por qué las autoridades que han llegado a esta institución han utilizado los datos que se obtienen en la recolección, pero yo quiero indicar con mucha fuerza de que aquí estamos en presencia de funcionarios que tienen la experticia necesaria para desempeñar las funciones que tienen.
Para de la Puente, la conducta del Gobierno se explica porque “estarán intentando proteger a un candidato presidencial en especial”.
Junto con la presunta manipulación de cifras, la metodología utilizada para determinar el Índice de Precios al Consumidor también será parte de la investigación parlamentaria.