Tema crítico del Ministerio Público es la situación de saturación del sistema y de sobrecarga de trabajo que enfrentan los fiscales, responsables de investigar hechos que impliquen delitos y proteger a víctimas y testigos.

Cuando se creó este sistema procesal penal, en 1997, se suponía que cada fiscal investigaría un promedio de mil casos anuales, pero en la actualidad esta carga laboral se duplica. Esto, invariablemente, implica en la práctica que los derechos de víctimas y de testigos que no son garantizados por la Justicia.

Para corregir este panorama, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ingresó al Parlamento un proyecto legal “de Fortalecimiento del Ministerio Público”. Se propone sumar 70 fiscales y 300 funcionarios de apoyo a la investigación, a nivel nacional. Sin embargo, para que cada uno de los 650 fiscales que existen en la actualidad investigue los ya mencionados 1000 casos al año, se requeriría doblar la dotación de fiscales.

El diputado PPD Guillermo Ceroni llamó al Gobierno a ceñir el proyecto a las necesidades reales del Ministerio Público, pues de lo contrario seguirán incrementándose los casos en que se buscan acuerdos con los delincuentes para así no formalizarlos por todos los delitos cometidos.

“Muchas veces se llegan a acuerdos que implican el evitar el proceso por la carga excesiva de trabajo. Los fiscales no dan abasto para combatir hoy la delincuencia”, indicó.

El proyecto legal sobre el Ministerio Público tiene urgencia simple, y se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo decidió dividir la iniciativa, para extraer la idea de crear una Fiscalía de Alta Complejidad. Con esta Fiscalía se indagarían casos que incluyan aristas legales diversas, o muchas empresas privadas o servicios públicos, como el caso de la multi-tienda La Polar, el incendio en la Cárcel de San Miguel, la colusión de precios en el “caso pollos” o los negocios de empresas relacionadas de universidades. Sin embargo, esta propuesta fue sacada del proyecto, por considerar que, pese al impacto social y mediático, estos delitos solo conforman al 0,1% de lo que investiga el Ministerio Público.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo que al proyecto del Gobierno le falta crear una carrera funcionaria para los fiscales, con la finalidad de equipararlos con los jueces, que son su contraparte. De esta manera se evitaría la actual fuga de fiscales que se van del sistema en busca de mejores opciones laborales.

“Es necesario duplicar los fiscales, también necesitamos abogados, suplencia, subrogancia para los posnatal, hay fiscales que llevan muchos años sin incentivo, los cuales luego renuncian”, explicó.

El proyecto legal sobre “Fortalecimiento del Ministerio Público” es considerado de suma importancia, porque instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho saber a Chile “la falta de garantías hacia víctimas y testigos de delitos”.