El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, enviará el informe de Contraloría que denuncia pagos a tres mil casos de falsos exonerados políticos al Consejo de Defensa del Estado, pese a que los delitos podrían estar prescritos. Además, pedirá que se suspendan los pagos para los casos que presentaron irregularidades.

Ubilla enfatizó en la necesidad de avanzar “en la búsqueda de responsabilidades judiciales penales a aquellas personas que participaron en el otorgamiento de estos beneficios”. 

“Lo que dijeron todos aquellos parlamentarios que, en la Comisión Investigadora de hace dos años, atrás descalificaron al Ministerio del Interior, acusándolo de montaje, de hacer política o politiquería, queda absolutamente desvirtuado por lo dicho por la Contraloría”, recordó Ubilla.

Las bancadas de la Alianza anunciaron que buscarán iniciar una nueva Comisión Investigadora, en la que pretenden citar a Michelle Bachelet y a ex subsecretarios del Ministerio del Interior de la Concertación.

El diputado UDI Gustavo Hasbún apuntó a un supuesto aprovechamiento electoral en la entrega de estas pensiones ya que, a su juicio, “esto demuestra claramente que existe una cultura de la corrupción al interior de la Concertación, que ellos utilizaron los fondos públicos para sacar provecho político en ciertos periodos electorales. No es menor que donde más certificados se entregaron fue en 2005, el periodo de la elección presidencial de Michelle Bachelet”.

En una actividad de campaña, la candidata aludida expresó que “creo que es bueno que se investigue todo tipo de situación que pudiera no ser adecuada”.

Responsabilidades penales

En el ámbito judicial, la diputada RN Karla Rubilar, querellante en el caso,  se reunió en La Moneda con el subsecretario del Interior, solicitándole que el Ejecutivo haga una estimación del daño patrimonial al Fisco por estos pagos, los que hasta el momento ascienden a los 60 millones de dólares.

Además, pidió una reunión con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para exigir a los Tribunales de Justicia “que nos ayuden a que aquí no se corte el hilo por lo más delgado”.

“Aquí son responsables altas autoridades que hicieron vista gorda. No es que no supieran, porque recibieron denuncias a tiempo, porque se les dijo que estaban sucediendo irregularidades y no quisieron investigar. Nosotros creemos que debe haber sanciones, ojalá penales y civiles. Y si no se puede porque los delitos están prescritos, entonces al menos una sanción moral: que todo el mundo sepa que ellos fueron responsables”, denunció la parlamentaria.

Sobre la posible prescripción de los delitos, Karla Rubilar explicó que intentará argumentar que estos se siguen cometiendo hasta el día de hoy, por lo cual si podrían llegar a la justicia.

Las dudas de los exonerados

Si bien no niegan la posible existencia de personas que estén usufructuando de la condición de exonerados políticos sin serlo, en el Comando de Exonerados de Chile dudan que esos casos se eleven a tres mil.

La secretaria general del Comando, Zaida Araya, explica que los expedientes que fueron declarados como falsos por la Contraloría General de la República solo carecían de algunos documentos debido a las dificultades administrativas que atravesaba el país en los primeros años de la dictadura, lo que no permite comprobar de manera fehaciente su falsedad.

“Este gobierno, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los que están gobernando? Vienen de la dictadura, son jóvenes que estuvieron con Pinochet. Por lo tanto nosotros somos la piedra en el zapato que les está molestando, somos un segmento de los derechos humanos que no están respetando. Nos han estado pasando la aplanadora, aparte de dejarnos muy mal ante la sociedad, porque nos dejan como si fuéramos sinvergüenzas y nosotros somos viejos trabajadores que lucharon por este país y por la democracia, para que hoy día nos vengan a acusar así porque sí”, expresó la dirigenta.

Zaida Araya enfatiza en que el accionar de la Contraloría sí puede ser cuestionable, pues depende de cada gobierno. Para ella “todo esto tiene un trasfondo político ya que evidentemente estamos en campaña presidencial. Es una forma más de enlodar a los gobiernos anteriores, especialmente al de Michelle Bachelet”.

El Comando de Exonerados de Chile se encuentra preparando un comunicado a difundir durante los próximos días. En tanto, la Contraloría determinó una investigación sumaria en el Instituto de Previsión Social.