En entrevista con Radioanálisis, la secretaria general del Comando de Exonerados de Chile, Zaida Araya, cuestionó las cifras del informe de la Contraloría General de la República que advierte de 3 mil falsos exonerados políticos, que estarían recibiendo beneficios estatales acorde a la ley pese a no haber sido apartados de sus funciones por razones políticas en la dictadura.

Para la dirigenta, las razones que esboza la Contraloría no implican necesariamente que los casos no correspondan a exoneraciones políticas.

“Contraloría bajó algunas empresas porque consideró que habían quebrado y por lo tanto no había sido una exoneración política. El tema es que estas empresas se fueron a la quiebra por la intervención militar, porque después fueron compradas por ellos mismos a precio de chaucha”, explicó.

Además, “muchos compañeros, especialmente de las textiles y obreros de fábrica, cuando les avisan que los van a echar no se presentaron, porque el hacerlo significaba el grave riesgo de que los tomaran detenidos. Por lo tanto, su libreta del Seguro Social y su finiquito se quedó en esa empresa”.

“Ante eso llegamos a un acuerdo con la Contraloría para que en el caso de estas personas, teniendo a un dirigente sindical de la época que diera un certificado respaldado con otro de la Inspección del Trabajo en el que comprobaban que este compañero era de esa empresa, bastaba”, expuso Zaida Araya.

La dirigenta explicó además que los certificados emitidos por parlamentarios eran solo una forma de apoyo, pero no calificaban por sí solos la condición de exonerado político.

Esto, ya que algunos de los expedientes cuestionados por la Contraloría cuentan con la firma del ex presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, los senadores Isabel Allende y Camilo Escalona y el ex senador Jaime Gazmuri, razón por la cual el oficialismo apunta a la responsabilidad tanto de ellos como de los ministros y subsecretarios del Interior de los gobiernos de la Concertación.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, acusó un “actuar concertado de toda la institucionalidad para defraudar al Fisco”

A juicio del dirigente, el número de falsos exonerados debiese ser mayor debido a que el año 1993, cuando comenzó a regularse la entrega de este beneficio, se acordó con las autoridades un número cercano a las 50 mil personas aptas para recibirlo, pero actualmente la cifra alcanza las 160 mil de un total de 250 mil solicitudes que ingresaron al Ministerio del Interior.

El dirigente agregó que las primeras denuncias datan del año 1998, pero que ninguno de los gobierno hizo algo al respecto ni actuó en favor de las víctimas.

Celpa recalcó en que este es el tercero de una seguidilla de casos en los que la institucionalidad ha usufrutuado de víctimas de la dictadura. Recordó el caso “retornados” y también la entrega de becas Valech a ex prisioneros políticos por parte de la universidad Uniacc. Además, spstuvo que el Estado está en la encrucijada de tener que estudiar cómo se pueden resolver el daño provocado por este fraude, en un criterio que considera recurrente por parte de las autoridades que gobiernan el país desde el año 1990.

En ese contexto, los diputados Karla Rubilar (RN) y Cristián Letelier (UDI) acudieron esta mañana a la Corte Suprema a exigir la designación de un ministro en visita para investigar este caso.

Y desde Canadá, el presidente Sebastián Piñera advirtió que “si hubo abusos en esta materia en el pasado, nuestro gobierno va a hacer todo lo que el Estado de Derecho permita para poder corregir esa situación. Los que tengan responsabilidades, que pueden ser gobiernos anteriores o incluso parlamentarios que concurrieron con su firma a acreditar las condiciones que finalmente demostraron no ser adecuadas, tendrán que dar las explicaciones que corresponden en un sistema democrático”.

El expresidente Ricardo Lagos declaró que le parece correcto que se investigue sobre el tema. En la misma línea, la actual candidata presidencial Michelle Bachelet agregó que “si hay irregularidades estas tienen que ser investigadas y de esa investigación seria se propondrán las medidas que corresponden”.

En tanto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, emplazó al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, a asumir también su responsabilidad en el caso ya que, en su calidad de senador por la región de O’Higgins el año 2001, Chadwick emitió un certificado en el que acredita la condición de exonerados políticos de un grupo de trabajadores de la empresa Fiat, en Rancagua.

“¿Qué tiene que ver Lagos y Bachelet con eso? Hasta donde yo entiendo ellos no dieron ningún certificado. Sería bueno que la primera explicación la dieran quienes sí los dieron. Mi primera recomendación es que esta pregunta se la hicieran al ministro Chadwick, porque él sí dio certificados”, dijo Andrade.

Lejos de negar las acusaciones, el Ministro del Interior confirmó el envío de una carta al director de la Oficina de Exonerados políticos el año 2001, ya que “luego de una investigación personal que hice como parlamentario de la región, pude tener la comprobación de que la empresa FIAT de Rancagua sí había tenido una intervención con posterioridad al año 73 y sus trabajadores podrían estar en condiciones de calificar para esta pensión de exoneración”.

Chadwick puso esta situación en conocimiento de las autoridades de la época y manifestó sentirse “muy orgulloso” de “poder ayudar a que el proceso se hiciera en términos absolutamente legales”. Zaida Araya agradeció particularmente su gestión, concordando en que “debería estar orgulloso, porque ayudó a mucha gente”.