La recaudación fiscal por royalty a la gran minería bajó a 45 millones de dólares en el primer trimestre de 2013, un 50% menos en comparación con el año pasado, principalmente por el término de medidas excepcionales de recaudación tributaria, fijadas desde el Ejecutivo a propósito de la reconstrucción por el terremoto de 2010.

En otro aspecto, la recaudación por impuesto a la Renta cayó un 23%, índices que reducen el ingreso de fondos fiscales hasta en 110 millones de dólares entre un año y otro. En los analistas hay concordancia que la última discusión del royalty perjudicó el erario fiscal, con una invariabilidad que mantiene las tasas hasta el año 2023.

Al respecto, Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa del Cobre, apuntó que dicha discusión fue una trampa, y que hoy la recaudación es menor a lo que el Fisco recibía antes de esta implementación: “El proyecto de modificación del royalty en 2010 para aumentar la tributación produjo lo contrario, porque el objetivo fue aumentar los años de invariabilidad tributaria, y ahí se estableció una forma de tributación en base a márgenes de utilidad engañosos, pretendía que pagaban más royalty, pero era menos, el royalty es menor a lo que existía anteriormente”.

Desde el Parlamento apuntan que el debate por el royalty ya está cerrado, sin opción de modificar la normativa. A juicio del senador Carlos Cantero, integrante de la comisión de Minería, hoy la labor del Estado está en optimizar su capacidad productiva.

“De tal manera que la única respuesta inteligente y adecuada, proactiva, es buscar elementos para dar sustentabilidad al desarrollo, diversificando la actividad, constituyendo capital humano. Ese es el camino para que Chile tenga diversificada su economía, y que saque de distintas canastas los huevos que significan progreso y desarrollo”, dijo Cantero.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, encabeza la Asociación de Municipios del Norte, y destacó que el Estado además de negar fondos fiscales a las comunas mineras, tampoco toma parte de este negocio, amparando las siderales utilidades de las transnacionales.

El edil apuntó que “la legislación ampara un saqueo legítimo de recursos naturales en la minería. Lo que hace el Estado y el gobierno de turno es entregar todas las licencias, regalar nuestra riqueza minera, entregar paraísos y facilidades para que la minería privada saquee legalmente lo que tenemos como materia prima. Esto se ve reflejado en una baja de impuestos y utilidades para el país”.

Escondida es la minera privada más grande del país, que aún no entrega su informe a la Superintendencia de Valores, pero sus números son mayores, por ejemplo, que Minera Los Pelambres, que entre Royalty e Impuesto a la Renta dejó de tributar casi 70 millones de dólares, mientras que Anglo American Sur bajó su carga impositiva en 15 millones.

Un nuevo factor de riesgo en la proyección del metal rojo a nivel internacional. A esto hay que sumar la desaceleración en la economía china, principal comprador, además de los costos cada vez más altos, un argumento esbozado desde la minería privada, a propósito del déficit energético y las demandas por mejorar las condiciones laborales.