La Corte Suprema designó durante esta mañana a la ministra, Mireya López, como ministra en visita en la investigación que buscará determinar responsabilidades en la entrega de beneficios a personas que mal acreditaron su condición de exonerados políticos.

Recordemos que esta petición fue hecha por los parlamentarios oficialistas, Cristián Letelier y Karla Rubilar, quienes consideran que la causa que actualmente reside en el 14° Juzgado del crimen de Santiago, se encontraría entrampada.

Esto debido al alto número de casos que posee este juzgado, que se calcula bordearía los 15 mil.

Por lo mismo la Corte Suprema designa a la ministra Mireya López, para otorgarle celeridad a la causa y debido además, al alto impacto mediático que ha tenido este caso.

Mireya López es la ministra más nueva dentro del Tribunal de Alzada y actualmente integra la sala tributaria de la Corte.

Parlamentarios presentan proyecto

Durante la jornada de ayer en tanto, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley que busca eliminar el pago de compensaciones a los presuntos falsos exonerados políticos. Así lo explicó la diputada Karla Rubilar, quien se muestra confiada en que todos los parlamentarios “independiente de su color político” van a querer legislar para sancionar a quienes han abusado del beneficio compensatorio.

“Este proyecto lo que busca es separar a los verdaderos exonerados, las verdaderas víctimas, de aquellos que obtuvieron el beneficio fraudulentamente. Es hacer justicia con los verdaderos exonerados que las personas que no lo merecen podamos quitarles este beneficio, porque lamentablemente hay verdaderos exonerados que fallecieron esperando que llegara esta pensión reparatoria y hoy día, con el panorama que tenemos del informe de Contraloría, nos habla de que tenemos que hacer el esfuerzo de depurar quienes son exactamente los que abusaron de este sistema”, explicó la parlamentaria, querellante en el caso.

Los senadores opositores han sido claros en este sentido: para ellos es una posibilidad real la existencia de falsos exonerados, pero insisten en que es sólo la justicia quien debe dirimir respecto de la veracidad de las acusaciones.

“El artículo 9 permitía que, cuando no hubiese antecedentes, tu podías perfectamente entregar testimonios de testigos, no solo parlamentarios, que en un acto de buena fe pudiesen acreditar la condición del mismo. Eso está en la ley, absolutamente. Y todos estos exonerados además fueron avalados por la Contraloría. Por tanto efectivamente puede haber irregularidades. Aquí entregaron certificados parlamentarios de derecha, de centro, de izquierda. Pero quien debe determinar su mala fe, si hay un intento de defraudar al Fisco, es la Fiscalía”, señaló Fulvio Rossi (PS).

El tema de fondo para los parlamentarios es demostrar si hubo mala fe o intenciones de defraudar al fisco. Sin embargo, desde la oposición son claros en enfatizar que esta definición la debe entregar el Ministerio Público y desde esa resolución operar para no caer en juicios políticos.

Por otra parte el abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila, presentó querellas criminales por los delitos de fraude al Fisco en contra de falsos exonerados, situación que venía anunciando desde hace mucho tiempo.