En un año electoral , es conveniente recordar que, pese a las reformas establecidas, el Servicio Electoral no contará otra vez con los instrumentos y recursos necesarios para controlar la propaganda y el gasto proselitista de los distintos candidatos, partidos y agrupaciones. De distintas maneras, los postulantes seguirán dándose maña para rendir sus informes, transparentar realmente las donaciones que reciban y respetar las fechas establecidas para promocionarse en los medios de comunicación y en la vía pública. Parece insólito que todavía no se legisle a fin de evitar que las empresas sigan destinando recursos para apoyar las candidaturas y, por supuesto, que estas erogaciones sean imputadas como gasto y, con ello, sirvan para eludir el pago de impuestos.

Se ha advertido muchas veces que hay candidatos que gastan en propaganda sumas que exceden los propios sueldos que luego totalizarán como parlamentarios. Esto hace evidente, entonces, que las empresas que los financian se obliguen enseguida a complementar sus ingresos y, con ello, garantizarse un servicio fiel de parte de estos éstos al momento de legislar. De otra manera, no se entendería que en la tramitación de iniciativas como la Ley de Pesca, la venta de fármacos en el comercio y otras haya habido tanto lobby de parte de las entidades patronales involucradas. Por lo mismo es que se descubrió como una entidad vinculada a una de las grandes familias pesqueras sobornó a una diputada y posiblemente a otros varios de sus colegas.

Insólito nos resulta, asimismo, que la demanda por una ley que regule el tráfico de influencias se demore tanto en dar a luz, así como que todavía no se establezca con claridad cuándo los parlamentarios debieran inhabilitarse como tales en el ejercicio de su labor. Es indiscutible que en tal y flagrante indefinición los conflictos de interés son soslayados por quienes, más que representar al pueblo, se convierten en mandatarios de los grandes grupos económicos, las transnacionales y las asociaciones gremiales de los patrones de la industria y el comercio.

Diversos análisis de los resultados electorales concluyen en que éstos generalmente coinciden con la capacidad de los candidatos de proporcionarse una buena “caja electoral”. Como era en el pasado cuando los latifundistas controlaban o integraban las bancadas parlamentarias o accedían al mismo sillón presidencial. Cuando el dinero se permitía, incluso, instalar en nuestros poderes del estado a una serie de incompetentes y corruptos, sin que la historia todavía los haya develado en sus flaquezas y despropósitos.
De la misma manera que ahora, desde las grandes entidades mineras y de los supermercadistas se hará una ofertón millonario a los candidatos que se propongan dejar la Constitución como está, mantener el sistema tributario y no hacerle más que algunas correcciones cosméticas al sistema de las Isapres y asociaciones previsionales. ERn efecto, con los jóvenes masivamente en las calles, los grupos fácticos se obligarán a soltarle más recursos a la clase política si quieren mantener sus prerrogativas. Todo lo cual es una oportunidad para quienes buscarán reelegirse o postular por primera vez a un cargo de “representación” y, de paso, seguir legitimando el régimen autoritario y excluyente. Se entiende, entonces que haya candidatos que, por elemental pudor, se resistan a reconocer al régimen militar como la dictadura que fue, así como hay otros que buscan la reconciliación sin condiciones con las entidades castrenses y aquellos infractores de cuello y corbata que hicieron su fortuna bajo el alero del pinochetismo y las empresas del estado que adquirieron a precio vil.

Tan sólo las elecciones primarias exhiben una danza de millones ya gastados y reconocidos por algunos abanderados presidenciales. Es cosa de imaginarse cómo se desplegarán las campañas una vez que el proceso electoral entre en “tierra derecha”. Una oportunidad cierta, también, para los cesantes, los estudiantes endeudados y esos activistas a sueldo que salen a hacer pegatinas, a destruir afiches y participar de los “puerta a puerta”, sin discriminar para nada sobre el color o los eslóganes de los candidatos. Seguros de que los que pagan más son, a no dudarlo, quienes tienen mejores posibilidades de resultar electos. En un ejercicio ciudadano en que lo que menos existe son idearios, programas y vocación de servicio público. En que abunda la farándula televisiva en que los debates no son tales y los candidatos, con sus publicistas, deben ingeniárselas para tratar de quedar bien con todo el mundo y, sobretodo, no escandalizar a sus financistas.
Salvo, hay que reconocerlo, algunas contadas y testimoniales excepciones.