Por casi dos horas estuvieron reunidas las autoridades del Servicio Electoral con representantes de los partidos políticos, para analizar los miles de casos de personas que no pudieron votar en las elecciones primarias, por estar afiliados a una colectividad sin saberlo.

Desde el 10 hasta el 28 de junio, 5 mil 85 personas consultaron por su inscripción partidista y 3 mil 60 se desafiliaron, por estimar que su adhesión se materializó de forma irregular.

De manera transversal, los asistentes a la junta señalaron que este número es muy reducido y que es un indicador menor respecto de las 858 mil personas que milita en alguna colectividad.

Sin embargo, para las personas que no pudieron ejercer su derecho a voto, el tema no es tan irrelevante.

Así quedó de manifiesto con el diálogo que sostuvo Eduardo Salas, secretario general del Partido Regionalista Independiente, con una persona que acudió al Servel para desafiliarse.

El diálogo ambas personas: “En el fondo la gente aporta para inscribir parido, le ocurrió al PPD. (La mujer que iba a desafiliarse, pregunta). Por qué yo estoy inscrita en un partido en que yo jamás me he inscrito, en el PRI. Yo no firmé por ningún partido. [Le responde] El Pri tiene 50 mil militantes”. (La mujer) Exige a Eduardo Salas que le entreguen la razón de por qué aparece inscrita en un partido y agrega que se siente estafada.

Ernesto Velasco, secretario general del Partido Radical, indicó que “no corresponde un mea culpa de todos los partidos”, ya que las inscripciones fraudulentas corresponde a las colectividades recientemente legalizadas.

Velasco le bajó el perfil al tema y afirmó que hay que regularizar el sistema e introducir modificaciones normativas a la Ley de Elecciones y de Partidos.

En este sentido, Velasco indicó que “los problemas son cerca del 0,5% del número total de afiliados que hay en los partidos, que son cerca de 800 mil personas, por lo tanto, lo que nosotros hemos pedido individualmente como partido es máxima transparencia, que la situación se regularice y se envíe un conjunto de modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, que hagan público el padrón de los afiliados a los partidos políticos y que eso posibilite máxima transparencia para que todas las personas que quieran saber su condición, lo puedan hacer”.

Víctor Maldonado, secretario general Democracia Cristiana, junto con afirmar que “se está hablando de una minucia” se mostró reacio a transparentar el padrón electoral.

En esa línea, el personero de la DC señaló que “las personas tienen derecho a tener su privacidad, si ellos quieren que sus datos se conozcan, bien pero a veces puede ser mal utilizado. Cada persona debe saber si está o no afiliada, tiene que consultar él, si decide que sus datos sean públicos, es decisión de él”.

Camilo Lagos, del Partido Progresista, aseguró que existe un “interés electoral” en el tema, de parte de los dos bloques políticos.

En la misma línea se manifestó el encargado electoral del Partido Comunista, Ricardo Solé, quien declaró que la mediatización del tema “es una maniobra comunicacional impulsada por el Gobierno, que quiere empañar un proceso electoral en el que, a su juicio, fue derrotado.

Patricio Santamaría, miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, también optó por bajarle el perfil al asunto.

Por esto, el integrante del Servel afirmó que “uno no puede partir de la base de la mala fe, del fraude, no puede partir de la base del escándalo, probablemente eso venda, pero no es lo responsable ni para las autoridades de este país. Lo único que digo que puede haber error, puede haber desorden administrativo, mala fe y puede haber fraude. Lo importante es poner todos los antecedentes y situar el problema para llegar a resolverlo”,

El Servicio Electoral entregará todos los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones, para que indague y determine posibles sanciones por las irregularidades en la afiliación de estos miles de militantes “engañados”.

La actualización de este registro se hará público dentro de las próximas semanas.