En segundo trámite constitucional se encuentra el proyecto de ley para crear la Superintendencia de Telecomunicaciones. La iniciativa, aprobada mayoritariamente en la Cámara Baja, separa las tareas regulatorias del desarrollo de la Industria, de las labores de supervisión y sanción a las empresas, en dos instituciones.

La actual Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se quedaría a cargo de la supervisión y sanción, mientras que la fiscalización de mercado pasaría a manos de esta nueva Superintendencia, que pretende modernizar la institucionalidad sectorial para cautelar – de forma proactiva – los derechos de los consumidores, en un mercado con 35 millones de relaciones comerciales entre telefonía, internet y televisión, señala la iniciativa.

Posterior a la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, el subsecretario del ramo, Jorge Atton, señaló que el amplio apoyo del proyecto “demuestra que existe voluntad política transversal para mejorar la fiscalización del mercado de telecomunicaciones y cautelar de forma más eficiente los derechos de los consumidores, en un marco de transparencia, plena competencia y certeza jurídica”.

En este momento, el proyecto se encuentra en La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, presidida por el senador Francisco Chahuán (RN). La instancia busca analizar las viabilidades de la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo, con carácter de urgencia.

Carlos Cantero, senador independiente por la región de Antofagasta, señaló que ningún proyecto está “santificado” para ser aprobado tal cual se redacta, pese a ello y a las indicaciones que éste podría tener, existe un amplio acuerdo al interior de la Comisión debido a su importancia.

“Ha sido reiteradamente tratado por el ministro y especialmente con el subsecretario y hay un ámbito de acuerdo muy amplio en el sentido de que llegó el momento de fiscalizar y hacer supervigilancia sobre estos procesos. Nosotros hace mucho rato que veníamos señalando que hay demasiadas irregularidades y la principal es que cobran por un servicio que no se da”, expresó.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), otro de los integrantes de la Comisión, señaló que el proyecto se enmarca en el contexto actual de las Telecomunicaciones en Chile, cuya demanda es cada vez más explosiva, agregando la importancia de promulgar la creación de una institución equilibrada, tema que abre el debate de la posible nueva Superintendencia.

“Queremos que esta Superintendencia, que juega una función muy importante en la fijación tarifaria, en el respeto al cumplimiento de esa norma, no sea capturada en lo más mínimo por la industria ni por los gobiernos de turno. Y por ende, hay una discusión sobre cómo dar estabilidad a esta Superintendencia en un sector tan relevante para nuestra economía”, explicó.

En la sesión del pasado lunes, los legisladores recibieron invitados del sector, entre ellos el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Hernán Calderón, quien enfatizó que “tal como está el proyecto, no representa beneficio para los consumidores” remitiendo a las falencias que presenta en cuanto a independencia política. Para el gremio, es necesaria una institución de carácter colegiado.

“Esto es una Superintendencia que tiene un modelo que, más que nada, está destinada a tener una interlocución y una relación con la industria, pero no tiene mecanismos de protección del consumidor. Nosotros lo hemos propuesto, a través de un organismo colegiado que sea la Superintendencia, pero además que en su interior tenga también un comité de conducta de la industria, para que el consumidor tenga la protección adecuada”, señaló.

En lo técnico, el proyecto ya aprobado por la Cámara Baja, pasa por una revisión más detenida y pausada en la Comisión del Senado, cuyas posibilidades de cambio son realizar indicaciones para que entre nuevamente en revisión.

Respecto de sus alcances, un aspecto sería la facultad de aumentar el monto actual de las multas a las empresas por incumplimiento normativo, pero a la vez, las categorizar conforme al tamaño de los concesionarios, para recoger las diferencias entre un canal o radio nacional, de otra emisora comunitaria o local.

En el escenario local internacional, sólo Antigua y Barbuda, Cuba y Bárbados no cuentan con una Superintendencia de telecomunicaciones, de ahí se explica la urgencia interpuesta desde la Administración Central para aprobar la creación del ente fiscalizador.