Muy celebrado por el Gobierno fue el anuncio del llamado Sello Sernac, certificación con la cual el Servicio Nacional del Consumidor confirmaba que instituciones de crédito, bancarias y comerciales otorgaban contratos ceñidos al reglamento de la institucionalidad financiera.
En la ocasión, el Ejecutivo insistió, pese a las críticas, en descartar la obligatoriedad de que las empresas contaran con el sello y el propio subsecretario de Economía, Tomás Flores, aseguró que “nosotros pensamos el Sello Sernac como un plus, como algo agregado”.
Sin embargo, la iniciativa ha sido considerada como fracasada, ya que a la fecha no ha sido adoptada por ninguna institución financiera ni bancaria, lo que fue considerado por el diputado DC Fuad Chahín, como una colusión de las entidades.
“Simplemente se coludieron para no obtenerlo y por lo tanto el 90% del Sernac financiero hoy día es letra muerta. No opera el sistema de resolución de controversias, no opera el sistema de reclamos y nosotros creemos que esto es una anomalía que hay que corregir. Y el sello Sernac, que solo acredita legalidad, a nuestro juicio debe ser obligatorio. Cumplir la ley en nuestro país tiene que ser obligatorio”, expresó el parlamentario.
Chahín junto a Ricardo Rincón y Carolina Goic, también de la bancada de diputados DC, anunciaron una moción parlamentaria para corregir las deficiencias de la iniciativa, advirtiendo que el sello debe ser obligatorio, además de otros aspectos detallados por el legislador.
“El Sernac es una especie de león sin dientes, que asusta pero no muerde. Nosotros creemos que hay que mejorar la capacidad sancionatoria y también la capacidad regulatoria, que hoy día simplemente no tiene. Y finalmente, otro aspecto que creemos indispensable poder mejorar es crear un sistema de defensa gratuita de los consumidores”, explicó.
Justamente, agrupaciones de usuarios han coincidido que la normativa debe aplicarse de manera obligatoria.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacinoal de Consumidores y Usuarios señaló a Radio Universidad de Chile que también se deben agregar nuevas atribuciones al servicio nacional, que también apunten a sus facultades sancionatorias.
“No basta solamente con hacerlo obligatorio: también tiene que tener las atribuciones para modificar contratos, para fiscalizar y sancionar a quienes no cumplan con la ley. Esa es parte de las atribuciones, nosotros hemos dicho que el Sernac se debe convertir en la entidad reguladora de los contratos de adhesión”, enfatizó.
En el Congreso Nacional también se espera tratar el tema en la Comisión de Economía y en un grupo parlamentario especial de derechos de los consumidores.