El 9 de septiembre de 1976, el cuerpo de Marta Ugarte fue encontrado a la orilla de la playa La Ballena en Los Molles. La profesora, modista e integrante del Comité Central del Partido Comunista había sido detenida un mes antes por agentes de la DINA, para luego ser interrogada y torturada en Villa Grimaldi.

El hallazgo de su fracturado cuerpo semidesnudo, dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, reveló una práctica sistemática de la dictadura que, pese a los esfuerzos de calificar como un “crimen pasional”, la prensa de la época no pudo ocultar.

El lanzamiento al mar de los cuerpos de detenidos desaparecidos fue llevado a cabo con frecuencia por agentes de la dictadura, con el objetivo de asegurarse de que los restos jamás serían encontrados.

El de Marta Ugarte es el único cuerpo de un ejecutado político de la dictadura que ha emergido del mar. No obstante, numerosos otros indicios siguen recordándonos esta práctica, a pocos meses de cumplirse 40 años del Golpe Militar.

Este miércoles, en las costas de Caldera, habrían sido encontrados cerca de cinco rieles utilizados para lanzar al mar cuerpos de detenidos desaparecidos enterrados en fosas comunes en el desierto de Atacama, como consecuencia de la operación de exterminio conocida como Caravana de la Muerte, comandada por el General Sergio Arellano Stark.

Este hallazgo habría sido posible debido a la confesión de un ex uniformado justo antes de morir.

Para la abogada querellante del caso Caravana de la Muerte, Carmen Hertz, “podría ser perfectamente posible que fueran esos rieles los que se ataron a los cuerpos de nuestros familiares”. No obstante, “el hecho mismo del desentierro y del lanzamiento al mar de sus cuerpos está acreditado por decenas de declaraciones en esa causa hace ya bastante tiempo”.

“El año 74 se ordenó el desentierro desde la fosa clandestina donde habían sido enterradas las 26 víctimas masacradas, porque sus familiares estaban cerca de encontrarla. Esto está acreditado por declaraciones de muchos de los funcionarios del ejército que participaron en ese desentierro, en el traslado en helicóptero y el lanzamiento al mar”,  explica.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), es “vital que cada cierto tiempo nos enfrentemos a este cuentagotas de la verdad, que nunca es la verdad total. Yo no sé la confesión que hizo el genocida y violador de derechos humanos que murió, pero yo espero que si esa culpa era real haya dicho el nombre de las víctimas que fueron lanzadas al mar, frente a las costas de Caldera, así como los nombres de quienes lo planificaron y lo ejecutaron, porque si no es nada más ni menos que un nuevo acto de cobardía”.

Además, destaca que “las confesiones de este uniformado son el reflejo de algo que nuestra organización ha señalado siempre: que al interior de las Fuerzas Armadas existe la información y lo que ocurre es que ellos tienen un pacto de silencio y hablan cuando quieren, dicen lo que quieren y hasta donde quieren. Pero ellos tienen toda la información tanto de qué ocurrió con nuestros familiares desaparecidos así como de quienes participaron en estos crímenes. Y a 40 años del Golpe resulta inaceptable que la verdad y la justicia sean una tarea pendiente en Chile”.

En ese sentido, el abogado Roberto Garretón, Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisa que los uniformados y civiles que participaron de los asesinatos lo hicieron confiados en que sus crímenes permanecerían en la impunidad.

Sin embargo, “30 y tantos años después aparece un juez Garzón y con ello los jueces chilenos se sienten habilitados para poder también investigar y eso no estaba en el momento del crimen. El militar actuó convencido de que nunca lo iban a sorprender, pero las cosas pasaron distinto y se les ha sorprendido. También pensaron que tirando los cuerpos al mar, atados a rieles, nunca iban a ser encontrados. Bueno, resulta que se están encontrando”, afirma.

El abogado explica que en toda violación a los derechos humanos de este tipo operan tres componentes: el asesinato, la mentira o negación del mismo y la cobardía, al actuar siempre en superioridad numérica y sin darle a la víctima la posibilidad de defenderse.

Lorena Pizarro coincide en este punto y agrega que “es tan brutal lo que se ha conocido respecto a cómo actuaban los aparatos represivos, que hay testimonios que hablan de que se abrían sus estómagos con corvos estando vivos, para lanzarlos moribundos al mar. Esto es una práctica de la dictadura. Por eso mencioné que resulta doloroso que sea un cuentagotas, que poco a poco nos va revelando la totalidad”.

El caso Caravana de la Muerte lleva quince años siendo investigado por la justicia chilena, por lo que la abogada Carmen Hertz solicitó al Pleno de la Corte Suprema el cierre del sumario y la lectura de sentencias contra la decena de militares en retiro procesados por homicidio y secuestro calificado.