En entrevista con Radio Universidad de Chile, el siquiatra Rodrigo Paz, ex funcionario del Servicio Nacional de Menores, criticó duramente al magistrado Héctor Carreño, a la diputada María Antonieta Saa, a los jueces de familia, a Unicef Chile y a diversas organizaciones de protección de la infancia por no haber actuado ante las denuncias realizadas hace años sobre las irregularidades en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Para el especialista, existe una red de protección en la Concertación que intenta impedir se continúe investigando sobre este tema, ya que personas vinculadas al PPD, el PS y la DC llevarían años lucrando del Sename.
Sabemos de la crisis del Sename, pero al parecer esto es algo que habría estado sucediendo durante mucho tiempo. ¿Cuál es su impresión desde su experiencia profesional al interior del Servicio?
Cuando volví a Chile el año 2006, al poco tiempo empecé a trabajar en el Servicio Nacional de Menores. No alcancé a durar ni un año, porque al poco tiempo me di cuenta de que no habían programas especializados en el abordaje de niños con patologías siquiátricas, lo que muchas veces los lleva a estar en conflicto con la justicia, o de niños que vienen de familias donde hay mucha patología, en los que tienen problemas de salud mental y donde no hay acceso a medicamentos o a sicoterapia especializada. Al final, el Servicio Nacional de Menores funciona como una especie de tiradero de todos los niños pobres de Chile que por su situación de marginalidad social no tienen dónde estar y donde el Sename se limita a actuar como una especie de orfanato público, sin ningún interés, ninguna preocupación, ningún cuidado por rehabilitar a la familia, por hacer intervenciones que tengan algún destino. Fue por eso que a los pocos meses de estar trabajando en el Sename hice una denuncia en la televisión y bueno, por supuesto que a los pocos días me pidieron la renuncia.
¿En qué desemboca la falta de programas, de medicamentos, de una verdadera atención a los niños del Sename que tienen problemas, por sus condiciones de vulnerabilidad?
Cuando un niño tiene descontrol de impulsos y vive en Lo Barnechea, en La Dehesa, en Vitacura, Las Condes, va a un médico siquiatra, reciben ayuda sicológica el niño y los padres y se mejora. Y cuando eso no ocurre, esos niños terminan teniendo problemas en el colegio o a veces teniendo problemas de drogas. Eso en el barrio alto. Imagínate eso mismo cuando ocurre en una población, en un gueto donde hay narcotráfico, delincuencia: muchos de esos niños terminan o en redes de explotación sexual o delinquiendo; en fin, con el peor de los destinos.
Usted pudo detectar una serie de irregularidades al interior del Sename en 2006 y realizó una denuncia al respecto. Sin embargo recién ahora se está investigando ¿Por qué no ha habido acogida a las denuncias sobre el precario funcionamiento que ha tenido el Sename a lo largo de los años?
Aquí hay varias instituciones interesadas en que no se sepa esto. Primero que nada el Ministerio de Salud, que no tiene ningún interés en hacerse cargo de los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños que están en el Sename y a sus familias. El Ministerio de Salud no quiere hacerse cargo porque su función durante los últimos 25 años ha sido estar pensando cómo economizar recursos, no estar pensando en la salud de la población, menos de estos niños pobres que además están invisibilizados y nadie reclama mucho por ellos. La ciudadanía cree que son basura, que no tienen vuelta, que sus problemas conductuales son resultado de la mala educación o incluso porque hay un racismo encubierto. Hay mucha gente en Chile que cree que todos estos niños son descendientes de mapuches, que son todos unos borrachos, unos adictos y que lo único que merecen es el castigo de la justicia y ojalá que los metan a todos a la cárcel y más de alguno anda diciendo en las redes sociales que ojalá los maten a todos.
Habría una responsabilidad estatal, entonces, más que la gestión de uno u otro gobierno.
Absolutamente. Si es por buscar gobiernos responsables, el gobierno de Piñera tiene su responsabilidad también, pero es el menos. Déjeme decirlo de esta manera: los gobiernos de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, ahora Nueva Mayoría, saben de esto hace mucho tiempo y no han querido hacer nada, porque la política de ellos ha sido el neoliberalismo, básicamente que el Estado se reduzca cada vez a su más mínima expresión. De hecho, los grandes impulsores de la privatización del Sename fueron los gobiernos de la Concertación. Hoy día la línea de protección del Sename, a la que ingresan niños por orden de jueces de familia, es un sistema privado, administrado por políticos de la Concertación que le venden servicios al Sename con cuoteos políticos y que se dedican a lucrar con la miseria de estos niños.
¿Cuál es su impresión respecto de la Comisión Investigadora del Sename que se está llevando a cabo ahora en la Cámara de Diputados?
En este minuto hay dos Comisiones Investigadoras aprobadas por la Cámara de Diputados, una de ella la llamamos la comisión “trucha”, que se creó entre gallos y medianoche. Para que la gente se haga una idea, el diputado Rincón propuso una Comisión Investigadora hace dos meses. Todo el mundo sabía que esa comisión se votaba un día miércoles y, entre el domingo y el lunes previo a ese miércoles, la diputada María Antonieta Saa llegó a un acuerdo con Renovación Nacional y armaron esta Comisión que, a diferencia de la propuesta por el diputado Rincón, tiene apenas 40 días para investigar. Además, es una Comisión cuya finalidad es proponer medidas para que nunca más en el futuro vuelvan a ocurrir estas irregularidades. Esa es la comisión “trucha”.
El día miércoles, a pesar de que la diputada Saa y muchos diputados del PPD no votaron, así como tampoco votó casi nadie de la derecha y de la UDI, afortunadamente la Comisión se aprobó igual. El problema que tenemos ahora es que esa Comisión todavía no se constituye, porque la derecha todavía no nombra a las personas que van a formar parte de ella. Pero se va a constituir y cuando lo haga va a tener 180 días para investigar. Y su objetivo principal no es simplemente proponer medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. El objetivo de esa Comisión es bien claro: establecer por qué y cómo en noviembre del año pasado un juez de la República, un magistrado de la Corte Suprema, el señor Héctor Carreño, tuvo en su poder denuncias que dejaban clarísimo que había niños en el Servicio Nacional de Menores que estaban siendo víctimas de abuso sexual, que había una red de explotación sexual funcionando en Arica, que había niños que estaban siendo medicados sin supervisión médica y terminaban intoxicados en Aysén, que había niños internados sin que hubiera ningún plan de tratamiento o reinserción, nada. Este señor Carreño, cuando recibe toda esta información, le dice a la gente de la Unicef y el Sename que esa información debe ser silenciada, que hay que guardarla y no hacer nada. Y solo después de que Ciper Chile logra acceder a esos informes y pone esa información ante la opinión pública hace dos meses atrás, recién hace un mes se nombra un Fiscal para que investigue esas irregularidades. Por lo tanto el objetivo de la “Comisión Rincón” es establecer las responsabilidades legales y judiciales de por qué Unicef Chile, el magistrado Carreño, la jueza Gloria Negrón y la gente del Servicio Nacional de Menores, teniendo denuncias, teniendo información de que se estaban cometiendo ilícitos, crímenes contra la infancia no pusieron esos antecedentes en noviembre del año pasado a manos de los tribunales de justicia.
¿Qué espera, entonces, de esta segunda Comisión?
Esperamos que una vez que la derecha por fin entregue los nombres de las personas que van a configurar esa Comisión se investigue, se haga justicia y se emita una acusación constitucional en contra del magistrado Héctor Carreño, juez de la Corte Suprema quien, teniendo toda esa información y vulnerando todas las leyes de Chile y del derecho internacional, se mantuvo en silencio sabiendo que había niños que estaban siendo violentados sexualmente, sicológicamente y físicamente en el Servicio Nacional de Menores.
La diferencia de los objetivos de las Comisiones es sustancial. ¿Habría una obstaculización a la investigación de parte de la derecha y algunos diputados del PPD?
Lo primero que quiero aclarar es que no es todo el PPD, solo los que se abstuvieron de votar la Comisión, como María Antonieta Saa. Los diputados del PPD que votaron, junto con la mayoría de diputados de la Concertación, aprobaron se constituyera una Comisión con un mandato claro: establecer las irregularidades que determinan que niños chilenos, habiendo denuncias claras de hechos criminales, no recibieron justicia a tiempo y solo recién hace unas semanas atrás hay un fiscal investigando. Ese es el hecho importante y en ese sentido yo saludo a los diputados del PPD que no se coludieron con María Antonieta Saa para boicotear esta Comisión. Las razones de los que sí lo hicieron las tendrán que dar ellos. Yo tengo algunas sospechas, hay mucha gente de la Concertación que le presta servicios al Sename. De hecho, sin ir más lejos, María Angélica Marín, la encargada de protección del Sename que ha estado en ese cargo apernada por años, está vinculada a la Democracia Cristiana. En Unicef Chile, que también ellos tienen responsabilidad porque no hicieron presente ninguna de estas denuncias, hay gente de la Democracia Cristiana y el PPD. En la Corporación Opción, en ACHNU, en todas esas instituciones hay mucha gente del PPD, del PS, alguna gente vinculada a la DC que han sabido de todas estas irregularidades y han lucrado con programas que no sirven para nada, con dinero que reciben del Sename para hacer intervenciones que no tienen ningún destino. Y obviamente que esas personas no están interesadas en que se aclare y se establezca toda la podredumbre que hoy día está empezando a revelarse.
Habría un evidente conflicto de interés, entonces.
Absolutamente. Hay gente que ha vivido de este sistemita durante años. Unicef Chile recibe financiamiento de Naciones Unidas y ¿qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo? No me van a decir que ellos no sabían de todas estas irregularidades. Aquí hay una legislación chilena que es muy clara, cuando un funcionario público, un adulto, cualquier persona sabe que se está cometiendo un delito contra un niño, abuso sexual nada más ni nada menos, esa persona está obligada por ley a hacer la denuncia. Y cuando Unicef Chile o el mismo Servicio Nacional de Menores dice que no denunció para proteger la identidad de los niños, pamplinas, eso lo hicieron porque están protegiendo un sistema del cual ellos son parte y son cómplices, del cual han vivido y lucrado durante años.
En el fondo volvemos al principio: no habría una verdadera preocupación por lo que sucede con estos niños.
No, porque Chile es un país racista. Los jueces de familia, la mayoría de ellos ven a estos niños como mestizos, morenos, flaites. No como sujetos de derecho. Porque si un niño de Lo Barnechea, Vitacura, La Dehesa fuera víctima de una situación como esta, ahí sí que la justicia opera. Claramente aquí hay un problema de racismo, de clasismo y esa es la única explicación que yo tengo para que los jueces de familia manden a los niños a estos hogares indecentes sabiendo lo que significa. Nunca más vuelven a preguntar qué pasó con ellos, porque para la mayoría de los jueces estos niños son la basura de la sociedad y, si no lo piensan, al menos los tratan como si lo fueran.
