La idea de enviar una ley para que los presos puedan sufragar  al interior de las cárceles sigue encendiendo la polémica y generando confusiones entre los distintos actores políticos.

Esto después de que la candidata de la Alianza, Evelyn Mathei, afirmara que se estaba llegando “demasiado lejos” con los anuncios de la titular de Justicia de enviar una iniciativa para habilitar el derecho a sufragio al interior de los centros penales, permitiendo el voto a los reos en prisión preventiva y condenados a menos de tres años.

La idea instaló un cuestionamiento sobre los derechos de los condenados. Al respecto, Patricia Pérez, aclaró que este proyecto no brindaría un derecho nuevo, sino que haría efectivo uno que ya existe en la Constitución y donde hay un vacío.  Pablo Ruiz Tagle, abogado constitucionalista, concordó con esto y explicó que, en el articulado se habla de “acusados” en lugar de “condenados”, por lo que se habrían generado diferentes interpretaciones.

“Lo que establece es que ciertas personas no puedan votar: aquellos que hayan sido condenados por penas aflictivas y delitos terroristas. Y en el caso de personas acusadas por delitos de pena aflictiva y terroristas, se les suspende el sufragio. El problema es que esta suspensión es contraria a lo que dispone el artículo 8 número 2 del Pacto de San José al cual Chile está obligado de pleno derecho, que establece la presunción de inocencia”, relata.

Esto significa que no hay razones para que quienes no tengan penas efectivas no puedan votar. Sin embargo, durante todo este tiempo no se ha habilitado la infraestructura necesaria para concretar el voto. En ese sentido, se ha abierto la discusión sobre a quienes priorizar con un beneficio de este tipo, una vez que la candidata planteara privilegiaría a los enfermos en los hospitales o incluso los mismos gendarmes.

Ante toda esta controversia, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, salió a desmentir el anuncio de su par de Justicia, indicando que el Gobierno lamentaba la confusión, que se había armado por “la falta de consultas necesarias” y sostuvo que el Ejecutivo estaba claro.

“El Presidente le pidió a la ministra Pérez que tuviese la certeza de que esto efectivamente se abordaba a través de un proyecto de ley y a esa convicción final nos formamos. Por lo tanto acá no ha existido una confusión por parte del Ejecutivo, los ministros podemos tener muchas opiniones, podemos dárselas a conocer al Presidente, pero quien resuelve finalmente es él y él nunca ha tenido en mente enviar un proyecto de ley que permita que esto pueda suceder”, aseguró.

Con esto el Gobierno descartó de plano regularizar esta situación, una idea que ya había logrado captar adherentes entre especialistas para quienes no existe ninguna razón para negarles a los reos el derecho.

Este mismo argumento lo había utilizado el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, entidad que el viernes pasado determinó que el Servicio Electoral (Servel) y Gendarmería de Chile deben disponer de los elementos necesarios para que los imputados de penal Santiago Uno y las internas mujeres de San Miguel, puedan ejercer el derecho en las elecciones del 17 de noviembre próximo.