El Consejo de Defensa de la Patagonia, junto a parlamentarios y abogados de la Fiscalía del Medioambiente, anunciaron una serie de acciones legales en contra de la aprobación que esta semana el Consejo de Evaluación Ambiental otorgara al proyecto hidroeléctrico Río Cuervo.

Esta iniciativa busca detener este proyecto, dada la amenaza que significa para los habitantes de Puerto Aysén, ante una emergencia sismológica que podría inundar esta localidad, en caso que se construya la represa que contempla Río Cuervo.

Ezio Costa, abogado de la Fiscalía del Medioambiente, valoró las mejoras que muestra la institucionalidad ambiental, pero indicó que es necesario sumar facultades de criterio a las decisiones regulatorias, considerando factores sociales más allá de la normativa.

“El derecho de los titulares del proyecto de presentar cualquier cosa que se les ocurra, es un derecho fundamental, pero también es básico en un sistema democrático que el Estado pueda evaluar esos proyectos y decidir. Es poco racional que se cosntruya una central de represas que destruye dos lagos, que esté sobre el nivel de una ciudad que podría verse afectada, cuando podría construirse una central de pasada, que no signifique este riesgo y estos daños”, dijo.

Por su parte, el vocero del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, se refirió a las amenazas que significa este proyecto para los habitantes de Aysén, de momento en que existen factores geográficos que ponen en riesgo la vida en comunidades aledañas.

El dirigente señaló que “esta aprobación viola el derecho a la vida de los habitantes de Puerto Aysén, que pone en riesgo con una represa con un millón de toneladas cúbicas, agua que destruiría el pueblo ante una emergencia sísmica. Es un atentado contra la vida de los habitantes de Puerto Aysén”.

Rodrigo señaló que iniciarán acciones legales en Chile y el extranjero, con especial énfasis en Australia, país de origen de la empresa dueña del proyecto.

En otro aspecto, el vocero de Patagonia Sin Represas destacó que la institucionalidad ambiental muestra una doble falencia, respecto de la matriz energética del país y los derechos de las comunidades en peligro: “Es una institucionalidad ciega, que aplica la ley proyecto a proyecto, pero carece de una mirada territorial. Se estudian los proyectos por separado, sin entender el contexto social, ecológico, económico y las metas de la sociedad. La institucionalidad falla por no dar respuestas a una política energética, tampoco a una política de ordenamiento territorial”.

Observaciones similares realizaron los parlamentarios que apoyan a los dirigentes estas acciones, quienes recalcan que casos como Hidroaysén, Pascua Lama o Castilla, dejan en evidencia los sucesivos intentos de fraude de las empresas para obtener los permisos legales.