El Presidente Piñera manifestó desde Indonesia, donde participa de la cumbre APEC, que Estados Unidos debe “ser más flexible” en las negociaciones por el Acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP en inglés), ante lo que podría ser “el mayor acuerdo regional por libre comercio”. Si bien el interés del gobierno es sellar las negociaciones este año, existen diferencias que podrían alargar la confirmación del texto.

Este tratado es dirigido por Estados Unidos sumando a doce países del Pacífico, y busca aumentar la regulación de usos comerciales, con patentes farmacéuticas y derechos de autor en internet como principales áreas de preocupación. Analistas advierten de una vulneración de los derechos de usuarios y consumidores.

El primer punto de oposición a este acuerdo nace de la poca información disponible sobre sus condiciones. José Huerta, presidente de ONG Cívico, advierte que los usuarios comunes de medicamentos o internet serían los principales perjudicados, quien critica la postura del Ejecutivo por mantener estas negociaciones y el contenido del acuerdo en absoluto secreto.

“Los efectos son múltiples y perjudiciales sobre todo para la gente común, que es lo que más llama la atención. La pieza clave es no saber a ciencia cierta las condiciones, porque el Gobierno no ha levantado el secreto sobre la negociación. Sabemos que hubo ponencia ante la Cámara Baja, pero en sesiones secretas, y no sabemos qué se dijo respecto a lo que está negociando Chile”, indicó.

De las filtraciones se destaca que Chile y Nueva Zelanda evalúan una contrapropuesta al texto de Estados Unidos, esto por medidas de protección y su impacto en economías emergentes. El TPP postula que la exclusividad de patente por drogas biológicas debiera extenderse por 12 años, tal como han solicitado las principales farmacéuticas. El acuerdo contempla protección de derechos de autor incluso hasta 120 años, excediendo la norma habitual que protege una obra.

Existe disconformidad ante la rigurosidad del acuerdo, EEUU propone medidas más drásticas para los países de la OCDE y normas más livianas para economías emergentes. En esa línea, la contrapropuesta divide estándares entre países desarrollados y otros en vías de desarrollo.

En ejemplos prácticos, la protección de patentes perjudica la creación de medicamentos bioequivalentes y el desarrollo de alternativas genéricas, y a su vez las farmacéuticas limitan su distribución en mercados menores para no reducir el valor referencia de sus productos.

Sobre el uso doméstico de obras audiovisuales, restringe el acceso a datos y archivos a través de internet. Grabar un video con una canción protegida, o favorecer el uso de documentos para funciones pedagógicas se verían imposibilitados, además de sumar un segundo cobro a productos comprados en el extranjero o por acceso a material disponible en la red.

Por su parte, el abogado Claudio Magliona, director del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, indica que es necesario sumar debate de expertos y parlamentarios, previo a una eventual impugnación del tratado en el Parlamento. Respecto a propiedad intelectual, señala que se necesita un debate respecto de los derechos, pero también de deberes en el área industrial.

Magliona indica que “el equilibrio va desde ser un país que necesita medicamentos, para acceder a precios razonables y buena calidad, y en ello proteger la propiedad intelectual. Si bien la justificación es cierta, respecto de las patentes y la importancia de medicamentos, hay que evitar una posición de blanco y negro. Hay que velar por los usuarios, pero no podemos ser un país que no respete la ley de propiedad intelectual y las patentes de laboratorios internacionales”.

Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales, declaró a nuestra emisora que el acuerdo atenta a la protección de usuarios y su privacidad. En otro aspecto, aclara que Chile ya tiene acuerdos de libre comercio con los países incluidos, pero que las condiciones impuestas obligan a cambiar tanto esos documentos como la legislación interna.

Ruiz destaca que “Chile tiene tratados de libre comercio (TLC) con todos los países incluidos en el TPP. Carlos Furche, ex director de Direcon, hizo un estudio donde sostiene que no hay beneficios con la firma del TPP, y al tener un TLC, al firmar debe renegociar todo, lo que pone en duda su agenda internacional y local regulatoria, al comprometerse a legislar cuestiones que ni siquiera han sido discutidas en el Congreso”.

A juicio de los consultados, el acuerdo sólo extiende el control de Estados Unidos sobre el mercado internacional y las economías del Asia-Pacífico, en contraste a la influencia de China. Esto reviste importancia económica para Chile, al ser el gigante asiático su principal socio estratégico.

Clic acá para escuchar la entrevista Claudio Ruiz, de ONG Derechos Digitales