Arica fue la ciudad elegida para la oficialización del reglamento que habilita la ley que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales y que presentó el subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, y el intendente, José Durana.

El documento establece como zona de riesgo las poblaciones Alborada, Cerro Chuño, Huamachuco, Los Industriales, Araucanía, Sica, Prat, Santa María y Chinchorro Alto, y determina beneficios para sus habitantes como el traslado de vivienda, la garantía de atenciones médicas, apoyo sicológico y otros beneficios educacionales. Además se construirá un laboratorio ambiental en el sector de El Alto.

El subsecretario afirmó que estas medidas buscan que ningún Gobierno ni Autoridad pueda desconocer en el futuro el drama que vivieron los afectados. Por su parte, el Intendente indicó que se está avanzando en que los impactos de la contaminación por polimetales comiencen definitivamente a quedar atrás.

En esa línea, el subsecretario General de la Presidencia indicó que “hemos cumplido con un hito muy importante, como es el Reglamento de la Ley de Polimetales, en donde se expresan los procedimientos que se han establecido para que las familias que por largos años han sufrido con esta exposición de polimetales que lamentablemente fue tan injusto para ellos acceda en forma concreta a beneficios en educación, en salud, en vivienda, sea a través del sistema de erradicación o a través de los planes de mitigación y finalmente a todo lo que significa el plan de monitoreo ambiental”.

Sin embargo, desde la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica mostraron su molestia ya que el reglamento responde a una ley que fue promulgada en mayo del 2012.  Es decir, pasó más de un año antes de que comenzara a operar con su respectivo reglamento. Además, indicaron que este plan es absurdo cuando toda la zona está totalmente contaminada,

En este sentido, el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchernitchin señaló que “yo me pregunto cuál es la compensación porque la compensación es darle alguna bonificación para que se cambie de vivienda, pero si es que se cambian a una vivienda donde también con el tiempo se va a contaminar, porque el polvo va atraer los males, eso obviamente no sirve. En materia educacional se sabe en muchos otros países que va empeorando el rendimiento escolar cuando hay más plomo en la sangre y el plomo en la sangre va en directa proporción a lo que hay en el suelo, eso está absolutamente demostrado”.

Este reparo se debe a la desconfianza del especialista en la forma en la que se realizaron las mediciones en suelo, las que, sostuvo, “están mal hechas”. Esto porque se tomó muestras de la superficie a 10 cm y un metro y se promediaron los datos de las distintas profundidades, con lo que se indica menos de los metales pesados de los que hay.

Vale señalar que el especialista es encargado de la Comisión de Medioambiente del Colegio Médico, y fue citado en una delegación del organismo a revisar el proyecto de reglamento, el que encontraron deficiente y le realizaron diversas observaciones. Estas finalmente no fueron aceptadas y el reglamento se publicó muy similar al original.

Entre las sugerencias estaba la necesidad de realizar monitoreos periódicos no obstante eso no quedó establecido. Ante esto afirmó, “Toda innovación cuesta dinero y además, seguir haciendo mediciones genera descontento. ‘Barramos todo de bajo de la alfombra y nadie va a saber nada’, de eso se trata, lamentablemente”.

Esto es muy complicado, afirmó Tchernitchin, principalmente con el arsénico que es el tóxico detectado en mayor proporción en la zona y que produce una alteración del pulmón, con lo que aumenta de forma dramática la mortalidad por bronquiectasias, además implicar un serio riesgo de pérdida a las mujeres embarazadas.