En tabla para votarse este miércoles en el Senado quedó la ley de fortalecimiento del orden púbico, también conocida como “Ley Hinzpeter” o “Ley Antiencapuchados”.

Esto luego de que el Ejecutivo le pusiera discusión inmediata a la iniciativa que es duramente criticada por los movimientos sociales, quienes consideran que solo busca criminalizar la protesta ciudadana.

Rodrigo Román, abogado de la defensoría popular, afirmó a Radio Universidad de Chile que se corre riesgo de que la polémica ley sea aprobada, debido a que algunos senadores de la Concertación pueden inclinarse a su favor.

De ser así, Román afirmó que buscarán todas las formas jurídicas de impedir su promulgación: “La dictación de ley importa una afectación a los principios básicos del derecho, muy probablemente nosotros como organismos de derechos humanos vamos a recurrir ante organismos internacionales, porque la verdad que ello significa producir una aberración de ley, que a propósito de la presión política que hay en el contexto electoral, muy probablemente hayan votos de la Concertación para la dictación, porque al final del día también les favorece ya que necesitan tener el derecho penal como herramienta de control social”.

La ley de fortalecimiento del orden público fue aprobada en general por la Cámara de Diputados, pero parte importante de sus artículos específicos fueron rechazados, por lo que se augura un debate extenso.