Nueve mil millones de dólares se estima el monto de las operaciones involucradas en el escándalo bursátil conocido como “Caso Cascadas”, gracias al esquema que habría sido elaborado por Julio Ponce Lerou y otros ejecutivos de SQM.

Escándalo que no sólo afectó al mercado bursátil y a los pequeños accionistas de las sociedades cascada, sino que también a los millones de cotizantes en las AFP que invirtieron sus fondos en estas operaciones y que ahora estiman en cerca de 800 millones de dólares las pérdidas.

Precisamente estas pérdidas han motivado a los parlamentarios a realizar una serie de indagaciones, primero en la comisión de trabajo y previsión social del Senado a la que se sumará la comisión investigadora que solicitará la bancada de diputados DC.

Durante la semana pasada, la defensa de Julio Ponce y los otros ejecutivos involucrados presentó sus descargos ante la Superintendencia de Valores y Seguros, negando la existencia de un esquema para manipular los precios de las acciones de las cascadas y asegurando que dichas operaciones se efectuaron bajo las reglas del mercado bursátil.

Para Mauricio Daza, abogado representante del accionista minoritario Roberto Lobos, la defensa de Julio Ponce sólo busca distorsionar la realidad.

“Si uno hace un análisis mayor, a partir de ver quiénes, cómo y cuándo se realizaron estas operaciones, va a poder establecer de que aquí había una situación común, que se extendió durante largo tiempo y que corresponde a una estructura fraudulenta a partir de la cual Julio Ponce trató de manejar el precio de las acciones de sus sociedades en perjuicio del mercado de valores, en general, y de los accionistas minoritarios en particular”, explicó.

El jurista además criticó el rol que ha jugado la superintendenta de pensiones, al tratar de minimizar los efectos en los fondos previsionales de las operaciones de las cascadas.

“Esto demuestra que la superintendenta de AFP es una mala funcionaria pública, que no tiene las competencias necesarias para servir en el importante cargo que se le ha confiado. No puede ser que se plantee por parte del órgano fiscalizador de las AFP de que esta sería una situación menor, porque solo habría 757 millones de dólares de los cotizantes involucrado en estos papeles de las empresas cascada”, criticó.

El Fiscal de Pensiones, Alejandro Charme, insiste en que los efectos de las operaciones cascada en los fondos de los cotizantes es mínimo.

“El monto de inversión de las cascadas es de 158 millones de dólares y los otros 600 millones de dólares son de Soquimich, que es la que ha recibido el efecto más importante”, señaló.

Por su parte, el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, afirmó que las indagaciones continuarán.

“Puede haber habido una eventual defraudación de algunos intereses, pero se han registrado, como corresponde, evidentemente los estados financieros estarían registrando la situación tal como fue, más allá de que inmerso o detrás de esto pueda haber un problema más profundo, que es lo que da origen a los procesos de investigación y formulación de cargos”, explicó.

Para el abogado Mauricio Daza llama la atención el retraso que ha tenido la SVS para llevar a cabo estas investigaciones. Para el jurista el hecho que la entidad haya comenzado a indagar ahora podría obedecer a una solicitud emanada de los Estados Unidos, debido a un bono colocado en ese país por Julio Ponce Lerou para poder mantener el control de SQM.

Los parlamentarios, en tanto, esperan solicitar formalmente la comisión investigadora por este caso una vez que finalicen las elecciones del próximo 17 de noviembre, probablemente entre el 18 y 19 de dicho mes.