El Rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez Vera, cuestionó los privilegios de las universidades privadas que reciben 528 mil millones de dineros públicos sin control fiscal y llamó a la Ministra de Educación, al Ministro de Hacienda y los parlamentarios a asegurar que todos los dineros públicos sean fiscalizados.
“Hay que asegurar que ningún peso público pueda terminar incrementando el lucro que está prohibido o en contratos de lobistas para tráfico de información, influencia o dinero que solo beneficien a unos pocos a costa de todos”, afirmó el Rector.
La autoridad universitaria recordó que en el último informe de la Contraloría General de la República sobre financiamiento Fiscal a la Educación Superior, del año 2012, se constata que, de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público, se destinó un total de 910 mil 522 millones para las universidades. De ese total, el 58 por ciento se destinó a las universidades privadas y solo 42 por ciento a las universidades estatales, que alcanzaron un total de 381 mil 654 millones.
En ese sentido llamó a las autoridades de Gobierno a terminar con el “doble estándar” entre universidades estatales y privadas, ya que estas últimas reciben fondos públicos de todos los chilenos, pero sólo las estatales tienen un sistema totalmente transparente y son fiscalizadas por la Contraloría General de la República a través de auditorías administrativas. Además, el uso y manejo de los fondos está sujeto a mecanismos de control y transparencia establecidos por la Ley de Compras Públicas y la Ley de Transparencia.
El Rector Pérez explicó que el propio Contralor General de la República reconoció el 19 de junio de 2013 ante la Cámara de Diputados que tenían una débil zona de fiscalización respecto a las universidades no estatales y agregó que esta situación se podría resolver si el Congreso incluye en el Presupuesto 2014, en el Programa de Educación Superior, una frase que indique que ambos tipos de instituciones deben someterse a la Ley N° 19 mil 886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la Ley N° 20 mil 285, sobre acceso a la información pública; y a la fiscalización directa de la Contraloría.
