La fundación Juan Bosch elaboró un Informe de Observación Electoral con motivo de las elecciones en Honduras, celebradas este 24 de noviembre.
Entre las situaciones observadas destacan la manipulación de los medios de comunicación, la represión e intimidación a los observadores y acompañantes internacionales, la vulnerabilidad del sistema electoral hondureño y la falta de garantías para una competencia transparente y equitativa entre los candidatos.
Asimismo, denuncian múltiples anomalías durante el proceso electoral tales como compra de voluntades y trafico de credenciales, graves anomalías en el proceso de escrutinio público, retención injustificada del 19% de actas retenidas por el TSE sin explicación y enviadas a escrutinio especial, declaración de 1,000 actas con inconsistencias, ganadas por el Partido Libre, falta de resolución los 611 centros de votación que no contaban con los escáneres para transmitir los resultados de 983 mesas electorales, suplantación y adulteración de actas reales, entre otras anomalías.
Es por ello que “desafortunadamente a las únicas conclusiones que uno puede arribar, luego de observar y acompañar el proceso electoral hondureño, son negativas”, manifiesta el informe.
“Lo que pudimos observar y comprobar es un proceso frágil, vulnerable, carente de un sistema de consecuencias a las diversas situaciones de irregularidad y anomalía que hemos manifestado”, agrega.
La fundación advierte que, “si esto no es enmendado en apego a los valores esenciales de la democracia y respeto a la soberanía popular, nos aventuramos por una pendiente enjabonada a lo que Juan Bosch llamó “matadero electoral” refiriéndose a los procesos electorales vividos en República Dominicana a partir de 1966, luego del Golpe de Estado de 1963 y la ocupación norteamericana de 1965-1966”.
Mediante el informe, publicado este miércoles, denuncian “un proceso matizado por practicas que se asumían como superadas, tales como la violencia e intimidación con una forma de alcanzar el poder; desconocimiento flagrante de las reglas de competencia sana; apartamiento de las disposiciones legales vigentes; falta de garantías efectivas para competir en condiciones equitativas y avasallamiento de la voluntad popular.
“Honduras, fragmentada y herida por un funesto atentado a la democracia como lo fue el golpe de Estado de Junio del 2009, asolada por la inseguridad, el desempleo, la corrupción rampante como consecuencia de este, se encuentra en una situación que nuevamente atenta contra su integridad democrática y lo aparta sustancialmente del camino que conduce hacía la prosperidad y del cambio que urge desarrollar en dicho país”, concluye en documento.