Mireya Manquepillán Huanquil es directora de la radio Kimche Mapu, señal comunitaria del valle Puquiñe en Lanco, región de Los Ríos, una radio mapuche que fue cerrada por el Estado de Chile al no contar con licencia legal. Este caso se incluye en el Informe 2013 de Impunidad en América Latina, realizado por IFEX, red de defensa de la libertad de expresión.

El caso fue presentado en Ginebra ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, donde el Estado respondió con un programa para la creación de 30 emisoras indígenas comunitarias, con un financiamiento anual de diez millones de pesos por tres años. No obstante, Mireya Manquepillán señala que no hay avance ante estos anuncios.

“El Estado hizo un anuncio en Ginebra y en eso estamos trabajando, pero en concreto no se ha hecho nada. Hay compromisos inconclusos sin concretar, hemos estado en reuniones con el director de la Conadi, nos piden plazos, pero queremos que se cumplan los anuncios. Íbamos a hacer el proyecto piloto de radiodifusión indígena de Chile, pero en la práctica no hay nada”, dijo.

Chile es uno de los pocos países donde la radiodifusión sin licencia está penalizada con cárcel. No obstante, la Fiscalía desestimó iniciar un juicio contra Manquepillán al ser un caso de baja connotación social.

La comunicadora subraya las condiciones que impiden legitimar una radio comunitaria, considerando además su carácter de representación indígena: “La Subtel no está entregando licencias, ante eso nosotros no podemos esperar a que se ordenen para entregarlas. Para las radios comunitarias es difícil financiarse sin publicidad, entonces no se sustenta una radio sin fines de lucro. Otro tema es que nos hacen competir con los otros medios al pedir licencia, como radio Bio-Bio o la cadena Prisa, entonces no tenemos posibilidad ante ellos”.

El abogado Branislav Marelic colaboró en la presentación del caso en Ginebra, y subraya el dictamen que obliga al Estado a dar garantías de hecho y derecho para favorecer la actividad de radio Kimche Mapu.

El legista enfatiza los puntos del dictamen relativos a discriminación racial: “Discriminación racial puede entenderse como que una persona no accede a derechos por su raza, pero en una mirada más amplia el Estado debe entregar medidas especiales para que ciertas comunidades discriminadas accedan a derecho. Si el Estado no hace nada, las radios no existen, entonces debe hacer medidas más allá de lo normal, y eso es lo que le indica el Comité de Discriminación Racial”.

El Senado discute el proyecto para una Superintendencia de Telecomunicaciones. Para Raúl Rodríguez, miembro de la Asociación de Radios Comunitarias, esta instancia es clave para derogar el polémico artículo 36b letra a, el cual criminaliza la práctica de radiodifusión sin licencia.

“Es un caso emblemático de discriminación, porque operó el artículo 36b letra a, que criminaliza la radiodifusión sin licencia, penalización que implica cárcel. Entonces un acto de libertad de expresión no puede ser penalizado, más encima con multa onerosa para cualquier organización social, más aun para organización indígena. En ese sentido, el articulado permanece en la ley de Telecomunicaciones de 1982, y ahora hay que velar que el proceso que se da en el Senado derogue este artículo que criminaliza esta práctica”, indicó Rodríguez.

Discriminación racial y libertad de expresión son dos aspectos considerados en este caso que están en la mira de la región, al considerar la respuesta del Estado chileno. Los afectados buscan un apoyo estatal para fomentar la radiodifusión comunitaria, una medida que fijaría un precedente para otras naciones con una situación similar, como Bolivia, Perú, Honduras y México.