El fiscal José Morales, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encabezó la acusación por el Caso La Polar, luego de una investigación de dos años por repactaciones unilaterales efectuadas por la multitienda entre 2006 y 2011.
Según trascendidos, el ex presidente, Pablo Alcalde, la ex gerenta de administración María Isabel Farah, el ex gerente de productos Julián Moreno y el ex gerente general Nicolás Ramírez, enfrentan cargos por infracción a la Ley del Mercado de Valores y Ley General de Bancos, por lo que arriesgan entre 11 y 12 años de cárcel, condenas que podrían fijar presidio efectivo, sin derecho a beneficio pese a la irreprochable conducta anterior de los acusados.
Otro aspecto importante de esta formalización es la inédita inclusión del delito de Lavado de Activos, conforme a la legislación financiera vigente desde que Chile es miembro de la OCDE. Ello implica la atribución del delito a Alcalde, Farah y Moreno, y no a la empresa que representan.
Esto fue destacado por el presidente de la Corporación de Consumidores, Hernán Calderón, quien anticipó un avance en la investigación de delitos de cuello y corbata: “Es precisamente el delito que los puede llevar a la cárcel. Esperamos sea el fallo final del tribunal, es gravísimo lavar activos a través de la Ley del Consumidor. Es un paso más para terminar con los delitos de cuello y corbata”.
Por su parte, Bárbara Salinas, abogada querellante, valoró esta eventual acusación, y destacó el marco local en el que se considera el lavado de dinero. “Marca un hito en la historia de la Reforma Procesal Penal, es la primera acusación de este delito en casos económicos. Siempre se ha formulado en causas relacionadas con tráfico de drogas, entonces es un hito en el curso de la Reforma Procesal Penal”.
Es por esto que la formalización contempla además multas en efectivo que promedian los 160 millones de pesos para cada imputado, además de decomisos de bienes y paquetes accionarios que podrían alcanzar los 3 mil millones de pesos. Hay que considerar que la investigación avalúa en casi 9 mil millones de pesos el aumento de patrimonio de los principales imputados.
En ello, la abogada representante de los accionistas minoritarios apuntó la responsabilidad de los cuatro principales imputados en este caso, e indicó que “por el mérito de la investigación ha quedado clara la participación que tuvieron estos ex ejecutivos con el delito de lavado de activos”.
Además, serían formalizados el gerente corporativo Santiago Grage, el ex gerente de informática Pablo Fuenzalida, y el ex gerente general interino Martín González. Si bien la defensa ha rechazado un juicio abreviado, no se descarta un acuerdo entre las partes durante el juicio oral.
La formalización contempla la presentación de vasto material, graficado en 180 testigos, 50 peritos, dos mil documentos y más de tres mil correos electrónicos.
En otro caso, este lunes la Corte Suprema confirmó multa fijada contra La Polar por 600 UTM (24 millones de pesos) por publicidad engañosa, al inducir a error a los consumidores en mayo de 2012, por avisos relacionados a la implementación del Sernac Financiero.
El mayor escándalo financiero
En 2011, una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor y un oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros derivan en la investigación que terminó el pasado 16 de diciembre, luego de dos años de plazo legal. En junio de ese año terminan las repactaciones iniciadas en enero de 2006, con casi un millón de clientes afectados.
Los delitos involucrados en esta operación son infracción a la Ley de Bancos, uso de información privilegiada y uso de información falsa para la emisión de valores, entre otros, configurando el mayor caso judicial de tipo financiero en los últimos años.
Hay que señalar el peritaje del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Universidad de Valparaíso, que establece la elaboración de un programa computacional para repactar deudas de forma automática desde 2009, esto por petición y conocimiento de los acusados, según información incautada. Previo a este software, los equipos de cobranza “inflaban” las deudas de morosos negativos para cumplir con las metas mensuales, fijadas para sostener cifras azules.
Otro peritaje, realizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, analiza los informes contables entregados por La Polar a distintas instituciones administrativas, lo que configura el delito de ocultamiento de información al mercado.
Esta práctica significó una millonaria estafa para los clientes de La Polar, cuya condición morosa era convertida en crédito vigente, con un crecimiento ficticio en la capitalización de la empresa.
