El diputado democratacristiano Fuad Chahín acudió junto a dirigentes de las organizaciones de trabajadores Públicos a solicitar en la Contraloría General de la República investigar irregularidades en procesos de concursos públicos.

A juicio del parlamentario y de dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, se están realizando procesos para dejar amarrados una serie de cargos de alto impacto en la administración pública, jefaturas y cargos similares.

La solicitud al órgano contralor es que se dejen sin efecto los concursos a cargos inamovibles al interior de ministerios y subsecretarías, ya que as su juicio se trata de una vulneración de la Ley 19.882 o Ley de Nuevo Trato.

El legislador DC aseguró que se están usando distintos recursos irregulares para “amarrar” funcionarios y doblegar la legislación: “Aquí no hay ningún fin de promoción, o sea concursos se tienen que hacer, y que bueno que se hagan, pero no de esta manera, por algo se sacó adelante esta ley 19.882 que es la Ley de Nuevo Trato que le costó muchísimo a los funcionarios públicos y hoy se está dejando sin efecto porque se han utilizado triquiñuelas, como el nombrar en suplencia de planta por uno o dos días o una semana a una persona para que formalmente se cumpla con el requisito, pero eso naturalmente lo que hace es desvirtuar el espíritu de la Ley de Nuevo Trato y hace una aplicación torcida de la misma”.

Mientras, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que la agrupación estará siempre contra el tráfico de influencias, agregando que tienen que asegurarse la selección y el resguardo de la carrera funcionaria.

El dirigente invitó a las próximas autoridades de Gobierno a relevar al sector de los trabajadores públicos: “La ciudadanía requiere servicios públicos de calidad y para eso tiene que haber una selección, tiene que haber una carrera funcionaria que durante este período de gobierno no ha habido, no han habido concursos, la gente no ha podido ascender, el empleo se ha temporalizado, se ha precarizado, es necesario de que las nuevas autoridades  asuman el tema del empleo en la administración pública como algo efectivo, como algo verdadero, como algo real y que lo asuman con la importancia que se requiere.

Además, consideraron sospechoso que al término de un periodo en el que no se hicieron concursos se cite, en el caso del Ministerio del Interior, 80 a 90 casos; además de Secretaria General de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas, Minería; el Instituto de la Juventud y la Comisión Regional de Riego, entre otros.

En total son cerca de 500 cargos y cupos en los que, según los denunciantes, el Ejecutivo pretende “amarrar” a operadores políticos.

Consultado el cambio de período entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, De La Puente aseguró que hubo 11 mil despidos de secretarias, administrativos, periodistas, abogados y asistentes sociales, entre otros, “que desempeñaban funciones regulares”.