Recién a contar del 11 de marzo del 2014, cuando asuma la presidencia Michelle Bachelet, se comenzará a abordar nuevamente los cambios que requiere la Ficha de Protección Social, que determina la entrega de beneficios públicos para casi uno de cada tres chilenos como por ejemplo el bono por hijo, bono marzo, subsidio habitacional, pensión asistencial, asesoría jurídica, entre otros.

Así lo confirmó el jueves el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, quien indicó que, después de haber realizado un análisis de la Ficha y haber comprometido varios plazos, se decidió “actuar con responsabilidad”, considerando que el pacto opositor prometió generar cambios profundos al mecanismo, con lo que se podría tener a las familias sujetas a un segundo cambio en menos de tres meses.

Respecto de este tema,  el ministro Bruno Baranda explicó que  “Esa fue la voluntad política y la definición que teníamos para implementar cambios que eran tremendamente esenciales y se requerían. La primera voluntad y la idea o la expectativa que había era que íbamos a poder implementar dentro de los primeros años un nuevo instrumento de focalización, sin embargo, nos encontramos con un déficit tremendamente importante respecto de una de las características esenciales de este nuevo instrumento que es contar con una base amplia y rigurosa de datos administrativos

Pero no todos quedaron conformes con esta explicación. Cecilia Pérez Díaz, ex titular del Ministerio de Planificación (Mideplan) durante el gobierno de Ricardo Lagos, catalogó de “irresponsable, sorprendente y realmente lamentable” la decisión y la forma en la que se asumió la responsabilidad pública con las estadísticas sociales y en particular con este tema, como se ha visto con el Censo y en la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN).

La especialista añadió que, pese a la crítica con la que se instaló este gobierno, el saldo que queda en materia de estadísticas sociales es realmente muy preocupante. Con esto coincidió el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristián Víttori, quien puso el acento en el efecto que esto tiene sobre la población más vulnerable.

Por esto el jefe de la Alcaldía de la comuna de Maipú enfatizó que “no nos olvidemos que esto parte con la intervención del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, donde destruyó una Ficha de Atención Familiar diciendo que iba innovar con un nuevo sistema que iba a medir la pobreza de una manera distinta, compromisos que jamás se cumplieron y eso es una cosa realmente preocupante porque aquí se levantó un conjunto de expectativas para personas que incluso no estaban en el sistema y que fueron encuestadas con estas ´Fichas 2.0´ que debió haber comenzado a funcionar en enero de 2013”.

Vale recordar que los alcaldes sostuvieron varias reuniones con el Ministerio y en la medida de que el Gobierno iba aplazando los plazos fueron denunciando esta situación, incluso a la Contraloría. Sin embargo, hay para quienes esta postergación abre una puerta para poder trabajar mejor este tema y cambiar el eje con el que se está viendo la política pública.

Por su lado, el Director Ejecutivo de la Fundación Para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno señaló que “en Chile hemos tenido desde hace 35 años o más este tipo de instrumentos de focalización y que pueden tener sentido cuando el Estado no tiene recursos, hoy Chile ha cambiado su situación, no se trata del despilfarro de recursos, pero sí se trata de cambiar un poco el sentido del Estado de Chile, no puede ser que sigamos insistiendo a tabla tasa que tengamos un Estado subsidiario, en circunstancias que hoy lo que requiere Chile es un Estado solidario que se haga cargo de situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y de desigualdad”.

Dentro de los cambios se ha planteado que no exista un puntaje acotado, sino un rango, para evitar conflictos y que se “induzca a las familias a mentir” como se ha sostenido, teniendo en cuenta que más del 50 por ciento de la población cae en la categoría de vulnerabilidad.

También hay planteamientos como el de la Fundación que apunta a un giro en la forma en la que se entienden las mediciones, tendiendo a la universalización de los derechos sociales.