Los problemas de agua en el norte del país han generado molestia en las comunidades, que ven cómo las empresas, principalmente mineras, utilizan grandes cantidades del agua dulce en sus faenas, dejando mermado el recurso para el resto de sus usos.

Buscando salvaguardar el agua, hace algunos días un grupo de parlamentarios presentó ante la mesa de la Cámara de Diputados un proyecto que obligaría a las empresas a desalinizar la que proviene del mar, protegiendo así al cada vez más escaso recurso. La iniciativa se revisaría en las correspondientes comisiones durante los próximos días.

Con el documento ingresado a la mesa de la Cámara se quiere modificar el Código de Minería, para que el uso de agua desalinizada sea obligatorio. Uno de los firmantes, el diputado DC Fuad Chaín, explicó que “se establece, como obligación legal, que las empresas mineras que se instalan en nuestro país deben proveerse de este recurso, estratégico para la minería, a través de la desalinización del agua”.

“Desalar el agua es una de las alternativas que permitiría el desarrollo de la industria minera de una forma compatible con la agricultura y la disposición de recursos para las comunidades. Por eso, es importante que se establezca una obligación de esta naturaleza para los nuevos proyectos”, agregó.

En primer trámite constitucional, la medida debería ser traspasada a la comisión de Minería y  Energía, así como también a la de Recursos Hídricos, según indicó el diputado UDI por la región de Atacama Carlos Vilches, para quien los acuerdos transversales son esenciales en esta materia: “La razón fundamental para que las empresas y proyectos mineros utilicen agua desalinizada es por la escasez de este recurso en la zona norte. Pienso que todos los sectores políticos están conscientes de esta necesidad y habrá un apoyo transversal para aprobar este proyecto en la Cámara y el Senado”, dijo.

De esta manera, y con el retorno a las actividades parlamentarias, el proyecto busca avanzar “lo más posible” en lo que le queda a la actual corporación, apuntaron los parlamentarios, quienes esperan que durante la próxima administración puedan seguir revisando el documento que pretende resguardar el uso del agua dulce, restringiéndolo de las faenas industriales.