La lucha contra la pobreza, las políticas hacia los pueblos indígenas y por la integración de las personas con discapacidades, son las principales tareas del ministerio de Desarrollo Social, cartera creada por el gobierno de Sebastián Piñera.

Para su titular, Bruno Baranda, este ministerio ha sido un aporte a las políticas públicas, puesto que ha dado una jerarquía mayor al  tratamiento de  estos problemas.

El Secretario de Estado, no se pronunció sobre los cuestionamientos sufridos por la encuesta Casen, el año 2012, cuando incluso organismos internacionales como la Cepal, acusaron alteración del método para cambiar las cifras de pobreza.

Respecto de los instrumentos, el ministro reiteró la idea planteada por el Gobierno y por la  ex candidata, Evelyn Mathei, de reformular la ficha de protección social, que según ellos perjudica a la clase media.

Para Marcelo Yáñez,  académico e investigador de la escuela de administración y economía de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, en los sectores vulnerables, no se notan mayores diferencias en las materias más sensibles, como acceso a sus derechos sociales.

Por esto, el investigador de la casa de estudios precisó que “tiende a ocurrir que las definiciones que se pueden adoptar a nivel de estructura de Gobierno en torno a cambiarle el nombre al ministerio o bien darle un rango determinado, para la gente común y corriente tiende a tener poco efecto porque en la práctica cuando ellos acuden al consultorio, cuando ellos van a requerir de educación a un establecimiento público, cuando ellos acuden a la justicia o se les presenta un problema de seguridad en lo cotidiano eso pasa por otros ámbitos más allá de lo que puedan hacer ciertas definiciones estructurales organizacionales”.

El ministerio de Desarrollo Social, anunció la creación de un Banco integrado de proyectos sociales, plataforma virtual con información sistematizada sobre los 400 programas sociales de 13 carteras de gobierno.

A juicio de Marcelo Yañez, el Estado carece de una eficiente política para comunicar adecuadamente a los sectores con mayores carencias, los diversos beneficios que entrega.

En cuanto a las campañas de difusión de los ministerios, el académico universitario aclaró que “no hay que confundir campañas comunicacionales que muchas veces están planteadas como la solución a todo. Se hace una campaña para cambiarle la imagen a algo con la entrega de información adecuada, oportuna y completa que le permita a las personas saber en términos concretos cómo hacer uso de algo, que es una cosa de naturaleza distinta, que no es un tema de imagen, sino que es un problema esencialmente de información que habilita a las personas para hacer uso efectivo y eficiente de la enorme cantidad de beneficios que tiene el Estado y dispone para las personas vulnerables”.

En otra arista del trabajo del ministerio de Desarrollo Social, las políticas indígenas, Ana LLao, Consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), afirmó que no se pueden sacar cuentas alegres, dado que esta administración lo único que hizo, fue seguir aplicando la legislación vigente hace 22 años, sin ningún avance concreto.

Por esto, Ana Llao enfatizó que “no podemos estar hablando de grandes logros y grandes avances, ni grandes desarrollos, es lo mismo que se ha venido practicando durante 22 años desde que se inició la Ley Indígena. No se han hecho innovaciones, no se han señalado nuevos programas, y frente a esos temas es una administración que cumplió lo que señala la Ley Indígena”.

En esa línea, la dirigenta indígena, aseveró que la propuesta de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, de dar rango de ministerio a la CONADI, no garantiza en si misma el cambio de fondo que se requiere en la visión  del estado chileno sobre sus pueblos originarios.