La iniciativa del Gobierno establece sanciones que van desde la pérdida de beneficios sociales hasta la inhabilitación para acceder a vivienda, becas y transporte subsidiado. Conoce aquí los detalles del proyecto.
Si bien el presidente de la Cámara de Diputados defendió que hechos graves puedan tener consecuencias en el acceso a beneficios financiados por el Estado, abogó por establecer mecanismos para recuperarlos.
En su tercer trámite, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Gobierno por 105 votos a favor y 46 en contra. Bancadas de oposición realizaron reserva de constitucionalidad de ciertos artículos, por ejemplo, el de acceso a la gratuidad.
La titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, descartó retrocesos en la red de protección estatal y afirmó que el ajuste del 3% se aplicará solo en áreas de eficiencia para resguardar las urgencias de las familias.
El gobierno propuso que estos beneficios se entregaran luego de dos años de la llegada al país, sin embargo, los votos del oficialismo dentro de la Comisión de Gobierno no fueron suficientes para aprobar este artículo de la Ley de Migración.
Al realizar su cuenta pública anual, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, presentó un Banco integrado de proyectos sociales, para mejorar el acceso a los programas de gobierno. A juicio de especialistas, se hace necesario un enfoque distinto de la relación del Estado con los sectores vulnerables.
