Trabajadores del cobre sospechan maniobra política en cierre de línea de óxido de El Salvador

El 22 de enero se encontrarán el consorcio contratista Santa Elena, Codelco y los trabajadores de la División El Salvador de la cuprífera estatal, ante la preocupación en los funcionarios que generó el anuncio de cierre de una línea de proceso. Esto generaría 800 desvinculaciones y además la argumentación de la Corporación del Cobre genera sospechas entre las organizaciones sindicales.

El 22 de enero se encontrarán el consorcio contratista Santa Elena, Codelco y los trabajadores de la División El Salvador de la cuprífera estatal, ante la preocupación en los funcionarios que generó el anuncio de cierre de una línea de proceso. Esto generaría 800 desvinculaciones y además la argumentación de la Corporación del Cobre genera sospechas entre las organizaciones sindicales.

Durante la semana pasada, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) manifestó su preocupación por la medida de cierre del Proceso de Línea de Óxido de la División El Salvador de Codelco.

Desde la cuprífera se anunció en diciembre del 2013 el término del proceso aduciendo a la escasez de óxido, una faena de bajo costo de producción, una situación que según los dirigentes no sería tal.

Esto, porque aseguran que la duración del mineral, un recurso no renovable, es calculable, sin embargo hay contratos con las empresas contratistas hasta el 2016.

Según el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, hay una fundada sospecha entre los funcionarios.

“Hay varias situaciones que nos llaman la atención, por lo tanto, a nosotros nos parece sospechoso y creemos que obedece más a una maniobra de cierre del campamento El Salvador o una maniobra política dentro de estas lógicas privatizadoras que hay dentro de Codelco mismo. Efectivamente hay reservas y se puede seguir produciendo de manera rentable, se puede seguir produciendo bajo esa línea de producción, a través de la línea de óxido”, explicó.

Los dirigentes instaron a las autoridades nacionales, legislativas y judiciales, a investigar y frenar dicho cierre, ya que calificaron los hechos como amenazantes ante la eventualidad de cerca de 800 desvinculaciones.

La vocera de la Federación de Trabajadores de El Salvador, Ana Lamas, subrayó la preocupación por la decisión que se ha tomado.

“La información que tenemos como trabajadores es que ese contrato que ellos tenían con la empresa externa, que tiene un consorcio donde las mayores empresas afectadas serían SSLM, MCG y Santa Elvira, alrededor de 800 trabajadores. Nosotros hemos estado en contacto constante con los trabajadores en asambleas y lo que necesitamos que se haga es que se revierta esta medida”, afirmó.

Ante esto, las organizaciones iniciaron una gestión que concluyó en la mediación de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, según explicó el DC Eduardo Cerda.

“Hemos logrado dos acuerdos acá, primero, que de inmediato se avisara a Codelco para que informe desde su punto de vista qué es lo que pasa con esto de El Salvador y, segundo, fijamos una fecha para el día 22 de enero para recibir a la directiva de la Confederación con los ejecutivos del Codelco, invitando al alcalde también por la grave crisis que se avecina en el caso de concretarse esos despidos”, expresó.

En la reunión a realizarse el 22 de enero se investigará el sobreprecio de casi dos dólares por libra de cobre, que la planta no ha explicado a qué proceso o gestión estría dirigida. Según la CTC se trata de un costo abultado artificialmente, ya que el valor total de la libra asciende a U$$ 4,46 en tanto el costo directo de producción es US$ 2,57.

Manuel Ahumada agregó que “no están claros los reales fundamentos e intenciones de esta medida de cierre, el que no contempla impactos sociales, económicos y técnicos para la división y su masa laboral”.





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