La Asociación Chilena de Municipalidades, mediante su presidente Santiago Rebolledo y la encargada de desarrollo social, Ana María Silva, solicitaron a la Contraloría General de la República investigar el gasto de cuantiosos recursos en las modificaciones a la ficha de protección social que nunca se utilizó.

Rebolledo, alcalde de La Cisterna, calcula que las exigencias administrativas de la nueva ficha generaron un gasto de más de 20 mil millones de pesos.

Además, el edil interpreta que el Gobierno no se ha manifestado al respecto para traspasar la responsabilidad a los próximos encargados de asumir el ministerio de Desarrollo Social en marzo de este año.

Por su parte, la alcaldesa de Codegua Ana María Silva, exigió identificar a los responsables de esta situación.
“Queremos saber en qué se gastaron los recursos, queremos saber quién le va a responder a los más pobres y a la clase media de este país”, sostuvo.