La investigación, integrada por los expertos José Aylwin, Nancy Yáñez y Rubén Sánchez, revela que el actual modelo forestal, avalado por el Estado, vulnera los derechos del pueblo mapuche, generando consecuencias adversas para su desarrollo.
Esto, debido a la implementación del Decreto 701 del año 1974, el cual tiene por objeto promover las plantaciones forestales exóticas por sobre el cuidado del bosque nativo, disminuyendo el valor de los bosques y provocando un daño irreparable a su biodiversidad y a las comunidades.
El decreto apunta a “incentivar la forestación, en especial por parte de los pequeños propietarios forestales”. Al respecto, Pablo Huaiquilao, ingeniero forestal integrante de la Corporación Pewun Kimun, distinguió que por “pequeños propietarios” se entiende a las comunidades indígenas, las que se ven afectadas por dos grandes conglomerados presentes en la zona, CMPC y Arauco.
“Es un modelo de monocultivo exótico a gran escala, con consecuencias enormes. El Estado lo subsidia, y genera riqueza con un subsidio de los propios mapuches. Somos nosotros los que estamos pagando los costos de estas externalidades”, indicó.
En Chile no existe legislación en torno a una ley de bosque nativo, y el actual decreto, para Huaiquilao, perjudica a las comunidades. Las empresas forestales mantienen un perjuicio importante dentro de los territorios mapuches, lo que es incompatible con los derechos territoriales y políticos del pueblo.
Para el Observatorio Ciudadano, pese a asegurar “la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos de territorio nacional”, el decreto no cumple en absoluto, ya que “ni las empresas, ni el Estado se han hecho responsables de los efectos adversos”.
Además, el decreto libera de impuestos y subsidia directamente entre 75 y 90 por ciento de los costos de las plantaciones forestales. Sin embargo, este subsidio sólo ayudó a las grandes empresas, y sólo un 4% del subsidio ayudó a pequeños agricultores.
En este mismo sentido, son un sinnúmero de efectos los que se observan producto de la forestación, entre los cuales destaca el problema del agua. Comunas como Lumaco, Ercilla y Chol Chol han agotado sus recursos hídricos, provocando un desabastecimiento y un desastre natural.
Al respecto, Rubén Sánchez, uno de los autores de la publicación, se refirió al caso puntual de Lumaco, al cual calificó del lugar más afectado: “El 70% de la población, pero sólo el 10% de la tierra es habitada por las comunidades. El 26% de la superficie corresponde a Mininco. Se evidencia que hay una desproporcionalidad, una concentración de la propiedad”.
En cuanto a la consulta ciudadana, Sánchez denunció que ésta no se realizó según el convenio 169 de la OIT. El especialista denunció que el gobierno no ha sido capaz de hacer una propuesta que determine los parámetros para realizar el proceso de consulta.
Los investigadores señalaron que pretenden hacer llegar a todas las autoridades el estudio, con la idea que se haga efectivo el diálogo y quede en evidencia la desigualdad territorial que señala.
La investigación, integrada por los expertos José Aylwin, Nancy Yáñez y Rubén Sánchez, revela que el actual modelo forestal, avalado por el Estado, vulnera los derechos del pueblo mapuche, generando consecuencias adversas para su desarrollo.
Esto, debido a la implementación del Decreto 701 del año 1974, el cual tiene por objeto promover las plantaciones forestales exóticas por sobre el cuidado del bosque nativo, disminuyendo el valor de los bosques y provocando un daño irreparable a su biodiversidad y a las comunidades.
El decreto apunta a “incentivar la forestación, en especial por parte de los pequeños propietarios forestales”. Al respecto, Pablo Huaiquilao, ingeniero forestal integrante de la Corporación Pewun Kimun, distinguió que por “pequeños propietarios” se entiende a las comunidades indígenas, las que se ven afectadas por dos grandes conglomerados presentes en la zona, CMPC y Arauco.
“Es un modelo de monocultivo exótico a gran escala, con consecuencias enormes. El Estado lo subsidia, y genera riqueza con un subsidio de los propios mapuches. Somos nosotros los que estamos pagando los costos de estas externalidades”, indicó.
En Chile no existe legislación en torno a una ley de bosque nativo, y el actual decreto, para Huaiquilao, perjudica a las comunidades. Las empresas forestales mantienen un perjuicio importante dentro de los territorios mapuches, lo que es incompatible con los derechos territoriales y políticos del pueblo.
Para el Observatorio Ciudadano, pese a asegurar “la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos de territorio nacional”, el decreto no cumple en absoluto, ya que “ni las empresas, ni el Estado se han hecho responsables de los efectos adversos”.
Además, el decreto libera de impuestos y subsidia directamente entre 75 y 90 por ciento de los costos de las plantaciones forestales. Sin embargo, este subsidio sólo ayudó a las grandes empresas, y sólo un 4% del subsidio ayudó a pequeños agricultores.
En este mismo sentido, son un sinnúmero de efectos los que se observan producto de la forestación, entre los cuales destaca el problema del agua. Comunas como Lumaco, Ercilla y Chol Chol han agotado sus recursos hídricos, provocando un desabastecimiento y un desastre natural.
Al respecto, Rubén Sánchez, uno de los autores de la publicación, se refirió al caso puntual de Lumaco, al cual calificó del lugar más afectado: “El 70% de la población, pero sólo el 10% de la tierra es habitada por las comunidades. El 26% de la superficie corresponde a Mininco. Se evidencia que hay una desproporcionalidad, una concentración de la propiedad”.
En cuanto a la consulta ciudadana, Sánchez denunció que ésta no se realizó según el convenio 169 de la OIT. El especialista denunció que el gobierno no ha sido capaz de hacer una propuesta que determine los parámetros para realizar el proceso de consulta.
Los investigadores señalaron que pretenden hacer llegar a todas las autoridades el estudio, con la idea que se haga efectivo el diálogo y quede en evidencia la desigualdad territorial que señala.
La investigación, integrada por los expertos José Aylwin, Nancy Yáñez y Rubén Sánchez, revela que el actual modelo forestal, avalado por el Estado, vulnera los derechos del pueblo mapuche, generando consecuencias adversas para su desarrollo.
Esto, debido a la implementación del Decreto 701 del año 1974, el cual tiene por objeto promover las plantaciones forestales exóticas por sobre el cuidado del bosque nativo, disminuyendo el valor de los bosques y provocando un daño irreparable a su biodiversidad y a las comunidades.
El decreto apunta a “incentivar la forestación, en especial por parte de los pequeños propietarios forestales”. Al respecto, Pablo Huaiquilao, ingeniero forestal integrante de la Corporación Pewun Kimun, distinguió que por “pequeños propietarios” se entiende a las comunidades indígenas, las que se ven afectadas por dos grandes conglomerados presentes en la zona, CMPC y Arauco.
“Es un modelo de monocultivo exótico a gran escala, con consecuencias enormes. El Estado lo subsidia, y genera riqueza con un subsidio de los propios mapuches. Somos nosotros los que estamos pagando los costos de estas externalidades”, indicó.
En Chile no existe legislación en torno a una ley de bosque nativo, y el actual decreto, para Huaiquilao, perjudica a las comunidades. Las empresas forestales mantienen un perjuicio importante dentro de los territorios mapuches, lo que es incompatible con los derechos territoriales y políticos del pueblo.
Para el Observatorio Ciudadano, pese a asegurar “la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos de territorio nacional”, el decreto no cumple en absoluto, ya que “ni las empresas, ni el Estado se han hecho responsables de los efectos adversos”.
Además, el decreto libera de impuestos y subsidia directamente entre 75 y 90 por ciento de los costos de las plantaciones forestales. Sin embargo, este subsidio sólo ayudó a las grandes empresas, y sólo un 4% del subsidio ayudó a pequeños agricultores.
En este mismo sentido, son un sinnúmero de efectos los que se observan producto de la forestación, entre los cuales destaca el problema del agua. Comunas como Lumaco, Ercilla y Chol Chol han agotado sus recursos hídricos, provocando un desabastecimiento y un desastre natural.
Al respecto, Rubén Sánchez, uno de los autores de la publicación, se refirió al caso puntual de Lumaco, al cual calificó del lugar más afectado: “El 70% de la población, pero sólo el 10% de la tierra es habitada por las comunidades. El 26% de la superficie corresponde a Mininco. Se evidencia que hay una desproporcionalidad, una concentración de la propiedad”.
En cuanto a la consulta ciudadana, Sánchez denunció que ésta no se realizó según el convenio 169 de la OIT. El especialista denunció que el gobierno no ha sido capaz de hacer una propuesta que determine los parámetros para realizar el proceso de consulta.
Los investigadores señalaron que pretenden hacer llegar a todas las autoridades el estudio, con la idea que se haga efectivo el diálogo y quede en evidencia la desigualdad territorial que señala.
