El Comité de Ministros votó HidroAysén. La instancia resolvió 34 de las 36 reclamaciones presentes por el tema, además, solicitó dos estudios para ver, por una parte el impacto en las aguas de dos ríos y, por otro, ver el impacto que pueda suceder en la ciudad de Cochrane.
Según informó la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, la polémica central podría construirse, decisión que pasaría únicamente por la empresa.
Durante la mañana, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), calificó de “mala señal”, la reunión no avisada por el organismo revisor.
“El gobierno tenía la obligación administrativa de poner previamente en tabla la sesión del Comité de Ministros, y hubo un compromiso verbal de avisar a los dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia sobre esta convocatoria, sin embargo esto no se cumplió. Eso es una muy mala señal”, cuestionaron desde el CDP.
Para la organización, “sea cual sea la resolución del comité, el proyecto seguirá siendo inviable porque cuenta con una amplia impopularidad social y política, la empresa aún no posee los derechos de agua para materializar su proyecto de mega represas y cuenta con recursos administrativos pendientes”. Esto se suma a que “a nivel eléctrico el país está avanzando hacia una matriz renovable y dejando atrás las tecnologías obsoletas de grandes hidroeléctricas”, expresaron desde el CDP.
En tanto, a juicio del Programa Chile Sustentable, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia, la postergación del pronunciamiento del Consejo de Ministros demuestra que el proyecto fue aprobado irregularmente el año 2011, sin que la empresa hubiera informado adecuadamente ni resuelto los impactos mencionados. “Este hecho demuestra que el proyecto fue aprobado por presión de grupos de interés sin cumplir con la legislación vigente”, explican.
Además, esto también evidencia “un gran triunfo ciudadano, pues se logró que la autoridad ambiental fuera obligada a revisar las condiciones de cómo se aprobó irregularmente el proyecto”. Para la agrupación, también representa un éxito que la decisión deba ser tomada en el próximo gobierno, “en el contexto en que la presidenta electa ha señalado expresa y reiteradamente la inviabilidad del megaproyecto Hidroaysen en su actual versión”.
“El proyecto es inviable ambiental, social y políticamente. Las empresas eléctricas y los gobiernos deben entender que no pueden seguir imponiéndole al país proyectos que corresponden al interés del lucro empresarial y no de la sustentabilidad social y ambiental de los territorios y las regiones”, agregan.
