Las críticas a las medidas protectoras a la infancia se siguen sumando. Entre ellos, la urgencia de una modificación a la ley de adopciones, vigente en el país desde el año 1999.

El pasado mes de octubre, el Gobierno ingresó su revisión al Congreso. En ella se plantea llenar vacíos legales, aclarar conceptos y agilizar el proceso mismo de adopción, una de las principales críticas al sistema.

El siquiatra Rodrigo Paz, de Corporación Sofini, asegura que en la práctica a los infantes se les declara en susceptibilidad de adopción, muchas veces sin previo trabajo de rescate de sus familias, lo que hace crecer desmedidamente el número de institucionalizaciones y ahondar la crisis de financiamiento que vive el Servicio Nacional de Menores (Sename).

“El problema es que hoy día los niños que se institucionalizan en Sename reciben una subvención estatal, que va entre 120 y 185 mil pesos, y con ese dinero apenas alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación, vestuario, infraestructura física. Por eso es que estos niños ingresan al Sename y quedan en territorio de nadie, sin que haya equipos que permitan que vuelvan a sus hogares o que busquen familias de acogida y luego familias adoptivas que sean evaluadas con equipos profesionales que se puedan hacer cargo”, señaló Paz.

Asimismo, el experto identifica la discriminación hacia los niños mayores de cinco años. Su baja adoptabilidad haría necesario entregar facilidades de trámites a las familias receptoras.

En tanto, la diputada del Partido Por la Democracia (PPD), María Antonieta Saa, miembro de la Comisión de Familia del Congreso, coincide con el experto en que uno de los mayores problemas es que la mayoría de los niños no están abandonados, sino que la institucionalización es muy alta, por sobre el rescate que se hace a su entorno familiar.

La diputada también criticó la falta de actualización en las prioridades de adopción de la ley, que ordena  en primer lugar los matrimonios, segundo las familias extranjeras y por último, la familia homo parental, tendencia creciente en la sociedad actual.

En definitiva, María Antonieta Saa argumenta que la falta de regulación de la ley se arrastra desde hace años.

“Porque la verdad es que la adopción en Chile estaba bastante desregulada en la década de los ochenta, absolutamente desregulada. Tengo la impresión de que muchos niños salieron del país prácticamente sin un trámite muy claro. Se mejoró la ley, pero ahora vemos que igual tiene algunas fallas”, afirmó la diputada.

En los últimos años ha crecido la cantidad de adopciones ilegales de infantes a la venta a través de portales web, los que la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile está indagando.

Al respecto, Rodrigo Paz afirmó que se trata de la demostración más perversa de cómo algunos hogares en desesperación por conseguir recursos que el Estado no les provee para que se autoabastezcan, prefieren el tráfico de infantes.