Para el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, la actitud que ha tomado la ministra de Educación, Carolina Schmidt, respecto de la fiscalización por lucro e investigación, ha sido “impresentable, ya que se ha permitido que Laureate, dueña de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas y del AIEP, opere con aparente total impunidad”.

Asimismo, frente a la ausencia de acciones punitivas, el Rector indicó al Diario La Segunda que “es muy grave el silencio de la ministra Schmidt, porque estamos ante un caso que podría implicar la violación de la ley chilena, el mal uso de los dineros públicos y un engaño a los estudiantes chilenos. Ya es hora de que la ministra aborde directamente el tema y deje de mirar para el lado”.

Son cuatro las universidades sometidas a investigación administrativa, siendo la de Las Américas y Andrés Bello, pertenecientes al grupo económico, y por otra parte la Iberoamenricana y Gabriela Mistral, más la Universidad San Sebastián y La república, que se encuentran en proceso de recopilación de información.

Datos que fueron aportados por la ministra en el diario El Mercurio, afirmando que han realizado las indagaciones necesarias. “Este gobierno ha hecho más por la transparencia y la fiscalización de los planteles privados que las últimas décadas”, aseguró.

El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, consideró certera la postura de Pérez, declarando que “la privatización sin reglas, potencia la mercantilización”.

“Nadie podría dudar que Chile necesita de mayor transparencia, particularmente en el caso de las universidades privadas. Tampoco se puede discutir que estas universidades carecen de un sistema regulatorio que entregue garantías ante los estudiantes, usuarios de esos servicios y desde luego ante el propio Estado, por los recursos que reciben y que son de carácter público”, indicó Valle.

Cabe señalar que los antecedentes fueron recopilados por la Comisión Nacional de Educación y afirmados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (Cned), quien rechazara el recurso de reposición y negara de manera definitiva la certificación de Las Américas, considerando también reparos sobre la pertinencia y utilidad de los contratos de esta institución con su sostenedor, la red internacional Laureate.

Respecto del lucro, este procedimiento se ha denunciado en varias oportunidades. Diputados de la Comisión de Educación presentaron informes ante el fiscal Carlos Gajardo, quien consignó el año pasado que son 12 universidades las que están siendo investigadas por este delito.
Ante esto, el académico y ex integrante de la Comisión de Acreditación Universitaria, Patricio Bazo, señaló que pese al proceso administrativo, que muestra claras deficiencias en procedimientos sancionatorios, es más importante la resolución de la Justicia.

“Lo más importante es la investigación judicial que lleva el fiscal Gajardo, porque yo tengo más confianza que ahí surja la demostración del lucro y los nombres de las personas involucradas. Porque la fiscalía tiene capacidades que no tienen otras instituciones, sobretodo, cuando no existe la voluntad de hacerlo. Legalmente este gobierno, este ministerio están coludidos con los grupos empresariales. Pedirle al ministerio que fiscalice, es como pedirle al gato que cuide la carnicería”, señaló Bazo.

En esta línea, el académico enfatizó que lo más grave es la ausencia de penas claras para quienes infrinjan la ley. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Javier Miranda, expresó que desde el Ministerio no hay garantías que aseguren el fin al lucro.

“Esto no pasa por fiscalizar más o menos a las universidades, sino que pasa por poner fin efectivo al lucro. Las herramientas que están utilizando para supuestamente fiscalizar el lucro, no son efectivas. Hoy día se puede lucrar con la educación y a partir de las universidades. Entonces los mecanismo que utiliza el ministerio de Educación, no son suficientes ni dan garantías de que realmente se ponga fin al lucro y son proceso que pueden extenderse más allá”, dijo Miranda.

Finalmente, tanto las autoridades académicas como estudiantiles han planteado como primera necesidad modificar la Ley de Educación General, con el fin de que se prohíban las transacciones relacionadas, castigando con penas fuertes a quienes incumplan la ley. .