En el epílogo de su mandato, el Presidente Sebastián Piñera pretende ingresar al Parlamento el proyecto de ley que modifica el actual Código Penal, vigente desde 1874.

El texto fue elaborado por una comisión de expertos que lo entregó al mandatario a mediados de enero y, según adelantó el ministro de Justicia (s), José Ignacio Piña, contempla varias modificaciones.

La iniciativa aumentará a 660 los artículos de la normativa, agrega nuevos ilícitos, como los medioambientales, e incorpora casos que se encuentran en otras leyes, como los delitos tributarios y contra el mercado de valores.

Esto fue valorado por el presidente de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Cerda, quien dijo que el nuevo Código Penal puede sistematizar una serie de leyes que hoy se encuentran dispersas: “Se fueron dictando tal cantidad de leyes penales especiales, que el Código Penal ya no era el único parámetro válido para definir cómo uno determinaba las penas. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los jueces penales, que en Chile las normas están dispersas en muchas leyes especiales. Lo que se está haciendo es tomar las distintas leyes penales dispersas y meterlas al Código Penal, lo que es un esfuerzo muy bueno desde la perspectiva de la sistematización. Es algo que hacía falta”, dijo.

El proyecto modificará además la forma en que se determinan las penas, eliminando el sistema de escalas y grados que existe hoy.

Asimismo, el ministro (s) Piña explicó que se busca remediar la falta de sintonía que hoy existe entre las penas que están en el Código y las que realmente se imponen. Para eso, se establecerá que los delitos con penas sobre cinco años, como homicidios, violaciones y secuestros, no contarán con salidas alternativas, por lo que los condenados deberán cumplir en forma efectiva. Si existen atenuantes, éstas servirán para disminuir la pena, que de todas formas se tendrá que cumplir con prisión.

La socióloga Lucía Dammert, experta en temas de seguridad, advirtió que esta medida podría saturar aún más un sistema carcelario que ya se encuentra en crisis. Por eso, dijo esperar que el texto determine en forma inteligente cómo se cumplen las penas: “Deben incluirse en este tipo de situaciones solamente delitos de altísimos niveles de violencia o gravedad. Si hay algo que está bien estudiado es que tener a la gente en la cárcel de forma indefinida no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido tener una mano inteligente para dar los castigos y cumplirlos. La sensación de que uno puede ser castigado con 15 años y al final terminar pagando con tres aumenta los niveles de impunidad. Si los que van a estar presos cumpliendo efectivamente son aquellos que son, por ejemplo, homicidas, no son la mayoría de las personas que hoy están en el sistema carcelario. Pero para eso hay que ver bien la escritura de lo que se está proponiendo”, manifestó.

Por otra parte, el proyecto establece que las penas privativas de libertad inferiores a un año sean sustituidas por multas u otro tipo de sanciones, para evitar que personas que cometen delitos menores ingresen a un sistema carcelario que solo termina perjudicándolos, según afirmó el ministro Piña.

Al respecto, Lucía Dammert indicó que “lo único que le va a pasar a esas personas es que van a empeorar en términos criminales. La literatura y toda la experiencia internacional demuestra que penas menores de un año, en un sistema marcado por la violencia, el abuso y condiciones de vida muy limitadas, al final lo único que hacen es empeorar las condiciones del castigado. En ese sentido, pareciera -hay que ver qué dice el proyecto- que vamos por el buen camino de fortalecer medidas alternativas y otros castigos para quienes cometen infracciones no violentas o de primer nivel, y poner la mano muy dura para aquellos que ya son homicidas o cometen delitos muy violentos”.

De todos modos, el proyecto que modifica el Código Penal quedará en manos del nuevo Gobierno y los nuevos ordenamientos de la Cámara de Diputados y el Senado.