Uno de los puntos de la reforma educacional contemplada en el programa de Michelle Bachelet aspira a establecer “una nueva institucionalidad para la oferta pública de la educación general, terminando con la administración municipal”.

La desmunicipalización es parte de un proyecto que busca la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública, sustentado en servicios locales que asuman la administración de los establecimientos educacionales además del apoyo técnico-pedagógico y financiero.

Con ese escenario, la semana pasada el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, recibió a alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), quienes entregaron sus propuestas sobre desigualdad territorial, inequidad en el financiamiento y la difícil competencia con los establecimientos particulares subvencionados.

El alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, presidente de la comisión de educación, asegura que las condiciones están dadas para iniciar una nueva relación de trabajo entre el Mineduc y los municipios.

En el corto plazo, destaca la importancia de modificar el sistema de funcionamiento de las direcciones provinciales de educación, para que se integren a un equipo de gestión territorial y donde se elimine el concepto de sostenedor.

Todo esto, según Navarrete, como parte de un proceso gradual. “El proceso concreto de traspaso creo que es completamente necesario realizarlo de forma regionalizada y progresiva, al estilo de lo que fue la reforma procesal penal, que aplicó un proceso de instalación de largo plazo, pues no es posible hacerlo todo de una vez. Fundamentalmente es el Estado el que se hace cargo del proceso educativo en Chile, por lo que no está planteado en ninguna parte externalizaciones ni privatizaciones, lo que está descartado como metodología”, manifiesta.

El propio alcalde reconoce que un proyecto de ley de esta envergadura debiera tener una primera etapa de transición de al menos dos años, para luego pasar a la implementación que podría demorar alrededor de otros cuatro, es decir, un proceso total de seis años de duración.

Desde el ámbito legislativo, la diputada PPD Cristina Girardi, integrante de la comisión de Educación de la Cámara, afirma que es uno de los temas más complejos que deberá enfrentar el Congreso, una instancia que debe construirse con la participación de todos los involucrados.

Respecto de la viabilidad un proyecto de ley sobre desmunicipalización, la diputada se muestra optimista. “Comparto el llamado que ha hecho el presidente del Colegio de Profesores de instalar una mesa de discusión antes de presentar un proyecto de ley, pues mientras antes de instale mejor aún. Si lo logramos ahora y trabajar durante gran parte del año, podríamos presentar un proyecto en seis meses más, e incluso antes, y empezar a discutirlo en el Congreso. Podríamos avanzar lo suficientemente rápido si tomamos las decisiones correctas”, proyecta.

La diputada se refiere a la importancia de evitar una centralización y potenciar que sean los consejos escolares los que participen en la toma de decisiones, donde el ministerio asume responsabilidad en los grandes temas.

En ese contexto el análisis de los expertos es diverso. Así lo confirma el académico Sebastián Donoso, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, quien se detiene en la manera de cómo implementar las propuestas.

Ante el planteamiento sobre corporaciones locales, asegura que sería continuar con el mismo sistema, mientras que también surge la posibilidad de crear corporaciones regionales de mayor alcance, con participación de los propios gobiernos regionales, además de la discusión en torno a la dependencia de aquellas respecto del ministerio.

Para el académico, el proceso debiera iniciarse a fines de este año y esperar que comience a operar durante 2015, planteando también que el modelo debe considerar dos condiciones fundamentales.

“Primero un cambio del sistema y de la base del financiamiento, es decir, la forma de cómo se financia, los instrumentos que se financian y los montos de financiamiento. Si hacemos lo otro sin considerar esto es como alargarle la vida a la educación pública en la UCI, donde sólo viviría un par de años más. Se requiere de un ministerio de Educación más poderoso, que tenga atribuciones para regular algunas áreas de la educación privada, específicamente la particular subvencionada, materia que es muy compleja de llevar a cabo”, explica.

El experto se refiere, esencialmente, a que los establecimientos subvencionados se sometan a las mismas normas de funcionamiento y regulación de los establecimientos públicos, como en materia salarial, y que el ministerio de Educación tenga atribuciones para impedir la proliferación de nuevos establecimientos, para lo cual se deben determinar zonas de densidad educativa.

Desde la Fundación Educación 2020, la directora del área de Política Educativa, Patricia Schaulsohn, se enfoca en la necesidad de implementar los cambios de manera gradual, tal como se proyecta desde el Gobierno.

Para ello, la abogada propone que este proceso de revitalización pública se inicie en la región de Coquimbo, por considerarla representativa de la realidad nacional.

Además, apunta a las precauciones que permitan asegurar una óptima situación a los profesores y trabajadores de la educación en general.

“Evitar los riesgos en el sentido de despidos y de falta de continuidad en su antigüedad laboral, son resguardos que deberán tomarse para no caer en lo mismo que ocurrió cuando se traspasaron los colegios desde el Estado a los municipios y que significó que todavía exista lo que se llama la deuda histórica. Yo creo que los profesores tendrán beneficios, porque habrá mejores condiciones laborales”, expresa.

Las palabras de Patricia Schaulsohn no debieran distar mucho de las ideas que trabajan actualmente en el ministerio de Educación, particularmente de la subsecretaria Valentina Quiroga, una de las fundadoras de Educación 2020, donde se desempeñaba hasta antes de integrarse al Gobierno.

En lo inmediato, ella y el ministro Nicolás Eyzaguirre debieran participar en la inauguración de la reunión nacional de alcaldes y concejales programada para el próximo 5 de abril, en el Liceo de Aplicación de Santiago, donde se analizarán los cuatro puntos considerados como esenciales para el proceso de desmunicipalización: recursos humanos, sistema de financiamiento, sistema de gestión y el nuevo concepto de calidad.