En un complejo escenario se concretó este lunes la primera reunión del nuevo ministro de Justicia José Antonio Gómez con la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

La reunión entre las principales autoridades del Poder Judicial y de las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, estuvo cruzada por la entrega desde el pleno de la Corte Suprema, de las cinco cartas nominadas a ocupar el cargo que dejó libre el juez Juan Araya.

Gloria Ana Chevesich fue la encargada de dar a conocer los nombres entre los que la Presidenta de la República debe escoger al nuevo integrante del máximo organismo judicial del país y cuya designación debe ser ratificada por dos tercios del Congreso. Un acuerdo entre la Nueva Mayoría y la Alianza, da por hecho que el cupo libre sería tomado por el magistrado Carlos Cerda.

“En primer lugar el ministro Juan Escobar Zepeda en su calidad de derecho propio, el ministro Carlos Cerda Fernández con 13 votos, el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo con 6 votos, el ministro Raúl Mera Muñoz con 6 votos. Se produjo un empate entre el ministro Alfredo Pfeiffer Richter y el ministro Juan Pedro Schertzer Díaz, de la Corte de Apelaciones de La Serena siendo elegido por sorteo Pfeiffer Richter”, informó la vocera del máximo tribunal.

Escape de reos
El primer encuentro de las autoridades con el ministro ejerciendo su cargo estuvo marcado además por el escándalo que suscitó la huida de un reo desde la casa del director de Gendarmería en la región de O’Higgins, quien fue suspendido por este hecho.

El Fiscal Nacional Sabas Chahuán señaló que se está investigando para determinar si se debe llevar a tribunales el delito o no, y si este pudiera considerarse como fraude al fisco.

El ministro Gómez indicó que decidieron separar de sus funciones al  Coronel Ricardo Huerta para dar una señal de transparencia en el proceso. “Nosotros hemos tomado una decisión de separarlo de las funciones para que no haya interferencia en la investigación y lo que vamos a esperar ahora es la investigación que está haciendo un fiscal designado por el ministerio de Justicia para los efectos de saber cuáles son los niveles de responsabilidad, no hay que culpar a nadie mientras no tengamos la investigación. Lo que hicimos es establecer la mayor transparencia para poder investigar con tranquilidad”, explicó.

El panorama se complica aún más luego que se conociera información que revela  que 408 funcionarios condenados por tribunales de justicia continúan en sus funciones, ante lo que el Defensor Nacional Georgy Schubert apareció explicando que si bien parece extraño, esto se permite bajo el marco de la legislación vigente.

Escándalo por penas sustitutivas a integrantes de las FF.AA.

“Quisiéramos que den el ejemplo”, dijo el diputado del PPD, Guillermo Ceroni y miembro de la comisión de Justicia de la Cámara, sobre la investigación que se realizó sobre los uniformados condenados ante tribunales de justicia que continúan en ejercicio.

Son 408 los uniformados en estas condiciones. Carabineros es la institución que lidera la lista, con 144 funcionarios, le sigue Gendarmería, Armada y la Fuerza Aérea.

En entrevista con Felipe Pozo, el parlamentario sostuvo que “hay inconsistencia en nuestra propia administración que permite estas anomalías”, ya que el artículo 13 de la Ley establece que las penas sustitutivas de la libertad que se apliquen al Ejército o Carabineros verán el castigo dentro de la propia institución.

“Yo creo que es evidente que se debe eliminar el artículo 13, donde se permite que los integrantes de fuerzas de Orden y Seguridad y del Ejército puedan continuar en su interior en la medida en que son beneficiarios de estas medidas alternativas para cumplir las penas privativas de libertad, porque naturalmente la ciudadanía quiere que la gente que está a cargo del orden como Carabineros, la PDI y obviamente como el Ejército, sean quienes den el ejemplo mayor”, indicó el diputado.

Por lo tanto, explicó que ésta no es una situación ilegal, pero insistió que hay que hay que modificar el artículo en cuestión.