La Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, en la región de la Araucanía, mantienen una polémica pugna en el caso de Emilio Berkhoff, investigado por delitos de incendio, robo y porte ilegal de arma.

Recientemente, la defensa solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción reconsiderar la admisibilidad del recurso presentado por el Ministerio Público de mantener como secretos a catorce testigos.

Inicialmente el tribunal de Cañete había ordenado levantar la protección a los declarantes, lo que fue impedido mediante apelación.

El defensor, Jaime Pacheco, explicó las recientes órdenes dadas esta semana, al tiempo que calificó como “falaz” el argumento de la Fiscalía de que el secreto se debe mantener para protección de los testigos: “Aquí la Jueza de Garantía lo único que ha sostenido es que estos nombres deben ser dados a conocer ante la defensa y no a la opinión pública. Por lo tanto, nosotros tenemos prohibición como todo interviniente de dar a conocer a terceros ajenos al proceso los antecedentes de la carpeta de investigación. Luego, si el ministerio público está sosteniendo que el conocimientos de estos testigos los pone en riesgo, está de alguna manera diciendo que es la propia defensa quien va a poner en riesgo a los testigos, porque es la única que los conoce”, aseguró.

La situación vuelve a poner en la discusión pública la aplicación de este mecanismo.

Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, el Caso Berkhoff, es ilustrativo “del uso de procedimientos que no son democráticos y atentan contra el debido proceso”.

Taborga agregó que el Ministerio Público creó una situación anormal, presentando recursos para revertir la decisión del Tribunal de Cañete, y advirtió la complicación que esto podría significar para el Estado ante los emisarios de Naciones Unidas que ya recomendaron no usar esta herramienta: “Va hacia un Chile sobre mojado, al Estado de Chile y el Gobierno seguramente va a ser requerido, porque el ministerio público que lleva la investigación de los delitos en Chile, ha vuelto a reponer prácticas que han sido expresamente declaradas que durante este Gobierno no se iban a utilizar por parte de los servicios del Estado”, sostuvo.

A su vez, Pablo Ortega, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), dijo que el uso de testigos protegidos se basa en interpretación jurídica y se argumenta en el control político: “El miedo es genérico, lo esgrimen siempre sobre la población para justificar la existencia del aparato represivo excesivo. Es la misma técnica que usó Nerón para reprimir a los cristianos, es lo que el poder siempre utiliza para que la gente esté de acuerdo con medidas antidemocráticas”, señaló.

Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con el Fiscal a cargo del caso, para revisar las argumentaciones del uso de testigos secretos, pero desde el Ministerio Público señalaron que no se referirán al caso hasta después de finalizados los alegatos.