Hostigamiento, uso constante del control de identidad, restricciones y vigilancia permanente, órdenes de allanamiento oral, no escritas y formas de ingreso muy violentas a las comunidades, son algunos de los testimonios entregados por comuneros mapuche y que forma parte del Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la Región de la Araucanía que desarrolló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El documento consulta también sobre la reacción de Carabineros frente a las denuncias que reciben. Así, en un periodo circunscrito entre los años 2004 y 2011 se presentaron 54 casos de posibles apremios y presunta violencia innecesaria en los procedimientos, pero se desarrollaron solo ocho investigaciones, de las que dos terminaron con sumario administrativo y, llama la atención que justamente las causas iniciadas por la muerte de los jóvenes Jaime Mendoza Collío y Matías Catrileo no terminaron en sanción administrativa.

Respecto de los recursos de amparo, en dicho periodo se presentaron 22 acciones y sólo dos culminaron de forma favorable para los comuneros. Dos también fueron los recursos de protección que favorecieron a los demandantes de 15. Para la encargada del Estudio, Silvana Lauzán, esto revela deficiencias en el uso de este mecanismo para la defensa de los dirigentes indígenas.

“En términos generales para este período de tiempo, en estos recursos analizados, los recursos de amparo y protección no parecieron de acuerdo a este estudio funcionar como una herramienta muy útil a la hora de proteger los derechos de las personas mapuche que los presentan. Pareciera ser que en este período de tiempo eso ha resultado una herramienta algo ineficaz”, indicó.

La especialista indicó que, como conclusión general, la etiqueta de “conflicto mapuche” opaca un problema histórico y político mucho más complejo que un tema de seguridad pública como muchas veces se le aborda.

En esa misma línea se pronunció el mismo Defensor Nacional, Georgy Schubert: “La verdad que el tema del llamado conflicto mapuche, pero obviamente es un conflicto de toda la sociedad tiene tal cantidad de aristas que no puede ser abordado por una sola institución o con una sola óptica y además claramente no es un tema que se solucione en tribunales, ni con recursos de protección, recursos de amparo, juicios criminales, sino necesitamos que se aborde por actores que son competentes para ello. Sin duda es una cuestión social y política que excede el ámbito de la justicia. La situación siempre va a ser preocupante y nunca las medidas judiciales van a ser suficientes, pero al menos como Defensoría trabajamos en eso, conscientes de que la solución no pasa por el sistema de justicia criminal”.

Una  de las principales preocupaciones de estos episodios de violencia es como esto impacta a niños y niñas. Lo ha manifestado el INDH, la Unicef y la misma Corte Suprema la que, pese a no acoger el grueso de los recursos, en sus fallos ha hecho una serie de recomendaciones a Carabineros respecto de su actuar en estos procedimientos policiales.

Por lo mismo, el Instituto en sus Informes Anuales, así como otras organizaciones de Derechos Humanos han señalado que es central que el Estado de Chile reconozca su carácter plurinacional a nivel de nuestra Constitución y que establezca un marco jurídico político que contenga un diálogo que de reconocimiento a las demandas y les permita a nuestros pueblos originarios desarrollarse conforme a los estándares internacionales que el propio estado de Chile se ha  comprometido a cumplir.