El nuevo ministro de Minería, César Navarro, aseguró hace unos días que avanza de manera positiva el consenso con los representantes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) sobre los artículos del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia.
Esto ya con las aguas calmas después de protestas que dejaron dos mineros muertos y 40 heridos, implicaron la salida del anterior titular del ramo, Mario Virreria y tensaron fuertemente las relaciones entre el Gobierno de Evo Morales y quienes fueron inicialmente uno de sus mayores aliados, tal como indicó el economista Sebastián Ainzúa, Director de Programas de la Fundación Heinrich Boll.
“Muy interesante ver cómo dos coaliciones que fueron las que apoyaron a Evo Morales, es decir, por un lado los cooperativistas mineros que están en favor de la ley y por otro lado las comunidades de afectados que están en contra contraponen este derecho a la consulta y contraponen básicamente lo que está detrás de la Constitución, es decir, una Constitución que es muy amplia, que establece muchos derechos, pero que en la bajada precisa ha dejado fuera o ha contravenido incluso alguno de los artículos”, explicó.
Y justamente, es que el nuevo cuerpo legal fue refutado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por vulnerar la Constitución Política del Estado, en especial en los artículos 62 y 151 que establecen una relación preferencial a las cooperativas. Sin embargo, la ley prohibía que estas agrupaciones firmaran contratos directos con empresas privadas, nacionales o transaccionales, argumentando que se buscaba resguardar los recursos.
Respecto de esta situación se refirió la cientista política, Francisca Quiroga: “Aquí se ha dado una contradicción porque por un lado el Gobierno de Evo Morales ha instalado que el resguardo de las comunidades indígenas es un principio fundamental, pero en la práctica eso ha tenido bemoles y complicaciones porque se han centrado en tener mayor control de los recursos naturales por parte del Estado, y eso también ha generado conflictos con organizaciones de la sociedad civil que son muy potentes en el sistema político boliviano y ahí Evo Morales ha tenido que retroceder”.
Ahora, además del choque de intereses con las cooperativas, está la tensión con los pueblos indígenas para quienes la extracción minera representa una amenaza, al ser una actividad no renovable, de fuerte agotamiento y que pone en peligro la fuente hídrica, lo que tiene incidencia en las expectativas de desarrollo.
Esto cuando parece ser que Bolivia, como otros países de la región a pesar de su giro progresista, no han renunciado al modelo exportador que se impone de forma permanente, como indicó Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
“Hay una fuerte imposición de la economía global para mantener en los países de Latinoamérica un acento fuerte en el extractivismo, en la estrategia productiva a partir de la sobre explotación de recursos naturales en nuestros países, y eso está haciendo una tensión muy fuerte en países que tienen gobiernos progresistas como Ecuador, Bolivia, Argentina”, detalló el ambientalista.
Estas decisiones del Gobierno, sostuvo el ambientalista, van socavando la autonomía y autodeterminación de los pueblos, toda vez que las leyes protegen una actividad que es intrínsecamente dañina. De la acción de estas leyes surgen dos fenómenos cada vez más observados en nuestro continente: la judicialización de causas ambientales y la criminalización de las poblaciones que buscan hacerle frente a las grandes empresas extractivas.
