Entrevistada en el programa Semáforo, la diputada PC Camila Vallejo se refiere al proyecto de ley que busca definir la práctica ilegal del lucro en educación. El texto está dirigido a una discusión “pre-legislativa”, en función de incluir la visión de distintos actores de la educación, precisando la reinversión y el proyecto educativo.

¿Cuál es el espíritu que permite la presentación de este proyecto de ley?
– Es un proyecto que se viene trabajando de hace tiempo, inspirado en las movilizaciones estudiantiles y en específico en el caso de la Universidad de Mar. Trabajamos una iniciativa legal que impida que esto siga pasando, producto de la ausencia de definición legal en materia educacional de lo que se entiende por lucro. Esta iniciativa pretende colaborar con la discusión pre-legislativa, no queremos ingresarlo de inmediato como moción parlamentaria, sino ponerlo a disposición de los actores sociales y políticos y opinar del proyecto, y tener una agenda para conocer la visión de estudiantes y trabajadores de este proyecto.

El proyecto menciona como inspiración el tema de la Universidad del Mar, pero han señalado en abarcar todo el sistema educativo. ¿A través de qué figura se pretende terminar con el lucro?
– En principio se pensó en el lucro en educación superior, pero en la necesidad de reformular todo el sistema lo ampliamos a la educación escolar. Hoy por ley se puede lucrar y la idea es cambiar la ley, lo que termine esta práctica e incluso abarque institutos y centros de formación técnica. Esta iniciativa tiene como motivación contribuir en el avance del programa, en la discusión pre-legislativa sobre lucro. No refiere a excedentes o ingresos de una institución, sino que esos ingresos sean reinvertidos en el proyecto educativo. Esto busca definir lucro, lo que se entiende por reinversión y lo que significa el giro único nacional, para que el flujo de recursos vaya en esa dirección, estableciendo limitaciones para fuga de recursos a sociedades relacionadas o en el extranjero.

La idea es ser más rigurosos en la legislación. Sabemos cómo se practica y qué instituciones lo hacen, pero la ley no especifica más allá de la interpretación que pueda tener cada uno. No se especifica el lucro en educación y se presta para contraponerlo con la remuneración de profesores o directores. La idea es ser más específicos y tener más atribuciones para operar en el caso de esta práctica, incluso abarcar el pago con el propio patrimonio, algo que no está contemplado en la ley.

La presentación de este proyecto de ley coincide con otras precisiones entregadas por el ministro Nicolás Eyzaguirre. El ministro plantea terminar con el lucro, pero que respete la retribución del sostenedor por trabajo realizado, la inversión que se hace. ¿Cómo abordar este tema en esta vía?
– Estamos de acuerdo y lo planteamos en la propuesta, que hay que regular el tema de las remuneraciones. En eso estamos de acuerdo, no está en cuestionamiento. Debe establecerse un margen que impida que alguien reciba 30 millones de pesos, eso es absurdo. Pero más allá de las remuneraciones, tiene que ver con el retiro de utilidades y millones de dólares que salen al exterior. El tema de la inversión, hemos dicho que hay que terminar con el lucro en las instituciones que reciben dineros del Estado, que son más de un 80%.

¿Cómo estima la posibilidad que la Nueva Mayoría alcance consensos reales? En la DC su presidente señala una defensa de la educación particular subvencionada, instalando el punto de vista respecto del debate en la coalición.
– No puedo referirme a opiniones particulares. Conozco gente de la DC que está comprometida con el programa, y no están de acuerdo con el lucro. Así lo establece el acuerdo programático de terminar con el financiamiento compartido. Es una opinión, pero el programa no dice que terminan los particulares subvencionados, sino terminar con el financiamiento compartido. Con ello, los apoderados no deberían pagar el copago, sino que las instituciones deben comprometerse a no lucrar. No se habla de eliminar la libertad de enseñanza, un término mal utilizado en relación a lo que establece la Constitución con libertad de empresa. No tiene relación con elegir el proyecto educativo, sino en cómo los establecimientos seleccionan a los estudiantes. La libertad de abrir un establecimiento sin ningún tipo de regulación. Estos conceptos deben ser aclarados, en la Reforma se busca ese propósito, pero no con terminar con la libertad entendida como pluralismo ideológico. La particularidad de aquellos establecimientos es también buena para el Estado y la democracia.