Uno de los principales asuntos de discusión en la actividad fue la democratización de los procesos de DDHH, es decir, su acceso y cómo los Estados van adaptándose para dar una buena respuesta en estos temas.

Chile tiene seis casos en desarrollo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero su cumplimiento no está en manos del Estado, ya que la instancia interamericana sólo recomienda y ejerce una especie de “presión moral”.

Es por esto que el secretario de la Corte, Pablo Saavedra relevó el rol de las Defensorías Públicas sirven para canalizar los criterios de la Convención Interamericana de los DDHH en ordenamientos internos.

“En muchos países la defensa pública sigue machacando hasta que se produce el cambio de los jueces a la hora de aplicación, llama la atención que en muchos países grandes estudios jurídicos, por ejemplo, en México, Argentina, Colombia están llevando especialistas en sistema interamericano para algunos casos empezarlo a litigar especialmente en las materias Constitucionales con esta otra perspectiva, tratando de solucionar internamente o si no llevándolo al sistema interamericano”, indicó.

Este mismo organismo, también ha servido para instalar discursos, para dar voz a quienes no la han tenido, según Macarena Sáez, académica recordada por encabezar la defensa en el caso de la Jueza Karen Atala; quien además dijo que las resoluciones y sentencias que a su juicio, deben ser parte de un proceso de largo plazo.

“Yo veo que es un trabajo de largo aliento los cumplimientos de sentencia, no pueden ser solamente de propiedad de las víctimas, las víctimas ya tuvieron lo suyo, ya sufrieron suficiente, ya se desgastaron. Hay que pasarle el espacio a  otras organizaciones, a la academia también que empiecen a trabajar, ahora cómo se cumplió esto, qué es lo que pasa en este caso”, afirmó.

Por su parte, el juez Eduardo Vio, subrayó que la CIDH no es una “cuarta instancia” de la justicia, sino que enfrenta a los Estados cuando éstos no aseguran el resguardo de los derechos fundamentales; por lo mismo lamentó la ausencia de una discusión política de DDHH en Chile.

“Ha entrado en batalla la democratización o la internacionalización de la función jurisdiccional. Dicen jueces ustedes tienen que hacer lo que no hacen los Tratados o la legislación interna y por qué no democratizar la función normativa, hacer que efectivamente los Estados comiencen a legislar internamente y hacer Tratados nuevamente, se ha detenido en América y nosotros, digo nosotros la Corte, en alguna medida pasa a ser la esperanza, pero no debe ser así”, explicó.

Finalmente el Defensor Nacional, Georgy Schubert, explicó que la Defensoría realiza constantemente un monitoreo de los casos chilenos en la Corte Interamericana, lo que va rindiendo pautas para los procesos de defensa.

“Nos interesa mantener actualizado cuál es la interpretación que hace la Corte sobre los temas que involucran a la Defensoría, y también hay casos que son muy importantes para cómo entendemos el derecho de defensa que hoy están en la Corte y que debieran resolverse este año, como el famoso caso de los lonkos en el contexto del conflicto territorial, que es una sentencia que debiera salir este año. Va a referirse a cosas tan importantes como la Ley antiterrorista que hoy nos rige y eso va a tener un impacto real en los procesos creo en el ámbito interno”, detalló el Defensor Nacional.

Schubert agregó que la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), de la cual Chile es parte, está asumiendo una participación activa en el sistema de justicia de la macrozona, para lo cual es necesario asegurar tanto el acceso de todos los ciudadanos a la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH, como el cumplimiento de las resoluciones, desafío directo para los legisladores, según el Defensor Nacional.