El delegado presidencial para la reconstrucción en Valparaíso, Andrés Silva, dijo esta semana que en algunas zonas no se podrá construir y algunas familias tendrán que desplazarse, basándose en la evidencia de que algunos sectores arrasados por el incendio presentan severos riesgos y falta de seguridad.

En cuanto a plazos, el Gobierno asegura que se tomarán al menos los cuatro años de mandato en el proceso, lo que se complementa con soluciones de emergencia, subsidios de arriendo y acogida familiar, entre otras medidas. A esto se suman los 500 millones que a mediados de mes, el Gobierno hizo llegar a la municipalidad porteña.

En 2013 el presupuesto de la municipalidad alcanzó los 39 mil millones de pesos. Sin embargo, se hace difícil hablar de montos cuando según el académico de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla, el incendio costó 69 mil millones de pesos, tasación personal que se descompone en la deforestación que sufrió la zona, los inmuebles y costos extraordinarios.

El académico coincidió con el Ejecutivo en que, al menos en casos que no haya regularización o títulos de propiedad, se debe reubicar para reconstruir. Esto evitando repetir el desarrollo que se ha dado en la zona alta de los cerros porteños y siempre considerando el bienestar. En ese sentido, Padilla consideró necesario “que se entregue una solución confortable, un hábitat adecuado para que las personas sí se sientan acogidas en esa solución habitacional y no como ocurrió en otra solución de las personas trasplantadas en donde hay personas que se fueron a vivir a estas viviendas sociales que se les entregó y después por el entorno, el tipo de vecinos y situaciones particulares volvieron al lugar donde estaban con sus viviendas construidas a sus anchas, volvieron a su entorno”, explicó.

Por su parte, Walter Imilán, del Observatorio de la Reconstrucción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, llamó a tomar el proceso en dos partes, distinguiendo reconstrucción de emergencia. En este punto recomendó buscar retomar la cotidianeidad de los porteños, mientras se piensa la planificación y la medición de riesgos.

Sin embargo el académico cuestionó la falta de institucionalidad para desastres, lo que impide tener criterios claros para iniciar los procesos: “Esa es una de las grandes deficiencias que tenemos dentro de todas las demás, porque en Chile no tenemos institucionalidad de desastre y eso implica que tampoco se ha hecho una reflexión profunda sobre cuáles son los estándares y los procedimientos que se deberían aplicar en estas situaciones. Por eso hay que tratar de tomar un poco de aire y convocar a los distintos actores, especialistas y a la comunidad para tomar mejores decisiones, porque como estoy planteando no existen estándares ni procedimientos de los cuales uno pueda sujetarse. Cada vez que ha habido re localización de poblaciones luego de un desastre, básicamente se ha estado improvisando”, aseguró.

La manera en que el Gobierno se desempeñe en esta reconstrucción, así como también en el Norte Grande, afectado por un terremoto en marzo, estará sigilosamente revisada, considerando los damnificados de desastres naturales anteriores, como los sismos de Tocopilla en 2006 y Cobquecura en 2010, donde aún reclaman por una vivienda definitiva.